Al Son del texto

Tina Rodríguez

Playa del Cármen, Quintana Roo l Como en los casos de periodistas asesinados, los políticos padecen ya esas represalias.
La ausencia de protocolos de seguridad para personas amenazadas por el crimen organizado, hace pensar en la indiferencia por parte de los funcionarios que deberían tener dichas iniciativas, y la falta de un sentido jurídico y hasta por la vida, por parte de esas autoridades.
Hoy se sabe que los alcaldes de Chamula y Pungarabato advirtieron sobre amenazas, y ya cometidos los crímenes reaccionan tardíamente, haciendo llamados de esto y aquello, y convocando a protocolos y demás demagogia.
Qué mal se ven desde el secretario de gobernación, pasando por los gobernadores respectivos.
Tienen equipo de análisis para que observen todas las posibilidades, y no deben de ser muy baratos en la nómina y nada más no actúan de acuerdo a sus curriculas. Esos asesores son en verdad también cuestionables como los propios titulares, algunas veces sin el perfil para los cargos designados, pero ya sabe que en éste país sobran los “todólogos” en la política y el servicio público.
Hoy tenemos que, en un ambiente indígena como mestizo, se resuelven las cosas con la muerte; por un lado, Pungarabato es zona de tierra caliente en Guerrero, famosa entre su población que sabe que siembran amapola; Chamula es región de caciques en los altos de Chiapas, en que el dominio y los intereses creados se han confundido con usos y costumbres, prepotentes los más.
No en el caso de Chamula pero si en Pungarabato, ya había un antecedente: Ambrosio Soto Duarte, el alcalde asesinado ya había alertado a las autoridades sobre las amenazas recibidas y el riesgo que corría su vida, y no mereció respuesta alguna, por lo que él mismo seleccionó su protección, y aun con eso el pasado sábado fue asesinado, como antes había ocurrido con su primo, sin que nadie respondiera a su llamado de auxilio.
Ahora leo por todas partes que las autoridades se comprometen a investigar y detener la ola de asesinatos en esa zona de Guerrero, aunque en el terreno de los hechos no consigan lograrlo; no han detenido a nadie como sí sucede en Chiapas, lo que se reconoce aun sea de manera tardía.
Sobre eso que la PGR atraiga casos, hay al menos 17 casos en los cuatro años de Duarte de Ochoa en Veracruz; son periodistas asesinados que de acuerdo a la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, Fapermex; entre otras agrupaciones de prensa, todos siguen impunes.
Y aquí no vale ni que la ONU y demás agrupaciones como Amnistía Internacional o Periodistas sin fronteras reclamen celeridad en esos casos, pues no hay avances y ni indicios de nada; no se espera que los haya en el caso de Pungarabato, pues dentro de unos meses solo los familiares del alcalde –como sucedió con su primo- clamaran justicia, y estarán solos en esa cruzada.