Al Son del texto

Tina Rodríguez

Las manifestaciones públicas en busca de derechos se tienen que apoyar porque son sociales, es un pulsar que incluso le sirve de medición a las autoridades para observar los niveles de la inconformidad.
Desde luego que las marchas magisteriales son voluminosas y provocan caos vial que afecta a terceros, pero no hay otra forma para hacer sentir su presencia y desde luego, su informidad.
No tiene caso polemizar si es justo o no si en busca de sus derechos se vale afectar el de terceros. Todo tipo de movilizaciones genera incomodidad y contratiempos a otros, pero se tiene que dejar oír la voz y la presión de un grupo determinado.
La cosa es que en lo medular, éstas marchas no van a cambiar la ley vigente, y ésta está en aplicación.
Observando fotos en las redes de la llegada de los maestros detenidos, que no fueron apoyados por sus dirigentes para nada, y que priistas nayaritas fueron los que les resolvieron el regreso a Chiapas, queda la pregunta de ¿líderes para qué?
Ensimismados algunos en su retórica, no ofrecen ninguna posibilidad de diálogo y en el gobierno, con su autoritarismo, tampoco, y en medio, se insiste, lo medular: la calidad de la educación básica.
Porque ese debería ser el objetivo de ambas partes aun en la diferencia: encontrar una vía que posibilite un diálogo encaminador que conlleve a mejorar la calidad de la enseñanza en el subsistema básico del país.
Se ha insistido mucho en que no es con decretos como se resuelven las cosas en México, con tantos pendientes sociales aun en la letra la ley diga otra cosa, y en eso no se excluye al en borrador dictamen sobre la ley anticorrupción que, desde luego, comprende un saneamiento en el sector público, esto es que los funcionarios deben demostrar que tienen esa voluntad para que deje de ser la corrupción, una práctica de todo y para todo.
Porque la mentada ley anticorrupción puede ser aprobada con bombos y platillos, pero será aplicada o negociada de acuerdo a los intereses políticos cupulares, pues sin ver de aplicarse inmediatamente su aprobación, se tomarían en cuenta los resolutivos de la secretaría de la función pública, algunos manipulados como en el caso de Veracruz, que no encontró nada anormal en la administración del gobernador Duarte, cuando en esa entidad se le debe dinero hasta etiquetado a las instituciones mismas, completamente colapsadas a falta de dinero para pagos de todo tipo e incluso sueldos, y en un grado menor eso sucede en Chiapas.
¿Funcionará esa llamada ley anticorrupción o será como otras tantas, manipulada?
Ahí tenemos la otra, la ley general de vías de comunicación, que violan en autopistas, carreteras troncales, y como en Chiapas, hasta cobran los civiles inconformes por dar paso.
El ejemplo sin ánimo de polemizar es que a los maestros detenidos por ello, los liberaron.
¿Entonces? ¿No que la ley es dura pero es la ley?
En éste país por el momento, hasta ésta se negocia.