A partir de que se conoció que en el Congreso del Estado hay aviadores, esto reconocido por el propio presidente de su junta de coordinación política, Carlos Penagos, se disparó la pregunta del porqué no se aplica el mismo criterio en los demás poderes del estado, esto es el ejecutivo y el judicial.

Este fin de semana, mientras Donald Trump entraba a la Catedral de Washington, en la frontera México-texana los aduaneros estadounidenses regresaban a territorio mexicano cuatro unidades con 100 toneladas de aguacate de Jalisco, que se volvió viral.

No se ha observado una estrategia que permita recuperar los empleos perdidos en las últimas semanas, aunque sí el apoyo a empresas que se vieron afectadas por los saqueos bajo el pretexto de protestar por el gasolinazo, e igual se vio para otras, cuando el paro magisterial.

El día de ayer un delincuente identificado como Heriberto Gómez Velázquez, alias “el Edy”, detenido ya en dos ocasiones -y liberado a falta de denuncias en su contra- fue asesinado de un balazo, al parecer por un altercado en la colonia Vista Hermosa de la capital chiapaneca.

La Coparmex se niega a firmar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico, mientras que la rebelión de las masas contra el gasolinazo continúa; esto es que se pronuncia por un acuerdo, fruto de un verdadero y amplio consenso social y no sirva solamente como imagen pública. Es decir, que ya basta de beneficiar siglas partidistas por sobre las masas.

Un cambio anuncia otros, pero la premisa de éstos es que es para mejorar, no para seguir igual y hasta hace pensar que las cosas no se hicieron bien.

Durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, tanto el presidente Enrique Peña Nieto como el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, parecieron coincidir que como en muchas otras cosas de nuestra realidad, los mexicanos vivimos hoy entre el reclamo al respeto de esos derechos y la percepción de que hacerlo sólo sirve a la impunidad y a los criminales.

Antes en México y desde luego en las entidades del país, un suceso como el de Oxchuc, tendría costos políticos. Acteal los tuvo, pero Ayotzinapa no.

Otras cosas llaman la atención menos lo primordial, que es que en los ayuntamientos privilegien la transparencia y la rendición de cuentas para generar un debate desde una perspectiva informada, critica y constructiva.

La inseguridad que pareciera de vez en vez aparecer en el estado ha estado de siempre; solo que antes no había redes sociales que expusieran con prontitud no solo los hechos, sino la clara falta de prevención del delito o el caso omiso de algunas autoridades municipales ante hechos delictivos.