Secreto Público

Mario Tassías

A las elecciones les podemos dar hasta tres vueltas. Mientras el árbitro y las reglas sean tan fáciles de violar, las elecciones tendrán un vacío de credibilidad en los ciudadanos, desencanto y triunfos con sabor amargo.
Unas elecciones confiables y que permitan gobiernos legítimos son una necesidad de las sociedades para vivir la democracia. Un proceso electoral que desemboca en una elección fraudulenta es mal de muchos pueblos, pero no por ello debe ser consuelo de tontos.
Por ejemplo: ¿Quién está convencido al cien por ciento del “triunfo” de Alfredo del Mazo en el Estado de México? Quizá sus partidarios. Posiblemente sus operadores. Los miembros de su equipo de trabajo electoral. Uno que otro que encuentra respuesta a sus preguntas sobre los contendientes.
El resultado es el más bajo de los últimos noventa años en que ha gobernado el PRI. Pero triunfo es triunfo dicen los partidarios. Del Mazo obtuvo solo el 33.9 por ciento de los sufragios emitidos el domingo 4 de junio en el Edomex. Será, si llega a ser, un gobierno no certificado por la mayoría de los electores.
Una segunda vuelta con los dos punteros en la contienda, daría legitimidad al mandatario electo si el 50 por ciento más uno de los votos le da el triunfo. Sería ideal en gobiernos que puedan asumir con legalidad y justicia el encargo ciudadano. La propuesta para una segunda vuelta, está en un camino tortuoso en el Congreso de la Unión, con apoyos y oposiciones.
La segunda vuelta electoral tiene origen francés, fue implementada en 1958. Ecuador y Perú la aprobaron en 1979, Guatemala en 1985, República Dominicana 1996, Brasil en 1988. Hay que destacar que en estos países los tiempos de campaña son más reducidas que en nuestro país. ¿La falta de una segunda vuelta, es un rezago histórico en los procesos electorales de México?
A la distancia, una segunda vuelta electoral, no parece ser la solución inmediata por la falta de credibilidad en el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales, que deben contribuir al desarrollo de la vida democrática; garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, así como su participación en los procedimientos de participación ciudadana.