Con valor de mujer
Ni más ni menos
Candelaria Rodríguez Sosa
CONAPRED e INMUJERES en contra de expresiones discriminatorias para Chiapas y Nuevo León
La lucha por el respeto de los derechos humanos, el tránsito por lograr la igualdad entre los géneros, ha tenido un alto costo a nivel mundial de quienes han impulsado el reconocimiento de esos derechos más elementales de la humanidad.
La demanda por estos derechos ha dejado una secuela de daños y muertes en aquellas mujeres y hombres que se atrevieron a levantar la voz en la legitima defensa de sus derechos.
El tránsito para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres registra fechas importantes. En 1791 con la declaración de los derechos de la Mujer, con la activista, revolucionaria la francesa Olimpia de Gougues, que, en el documento programático de la revolución, denunció en los y tiempos más difíciles donde las mujeres no podían levantar la voz ni opinar, ella se atrevió y cuestionó que la revolución francesa hubiera olvidado a las mujeres en su proyecto igualitario y liberador. Y afirmaba que la “mujer nace libre y debe permanecer igual al hombre en derechos” y que “la Ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las Ciudadanas y los Ciudadanos deben contribuir, personalmente o por medio de sus representantes, a su formación”. Ella se atrevió y fue degollada.
En 1948 nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
Otras fechas que han logro dar un viraje al diseño de las políticas públicas, es la cristalización en 1979, con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).
La lucha ha sido intensa de mujeres y hombres por reconocer los derechos entre el género fue así como en el 2003, nace el Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación, CONAPRED, es un órgano de Estado creado por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, aprobada el 29 de abril de 2003, y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de junio del mismo año. El Consejo es la institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, que es el primero de los derechos fundamentales en la Constitución Federal.
El país registra avances históricos e importantes, al legislar a favor de la inclusión y no discriminación de las mujeres, y del respeto y reconocimiento a las preferencias sexuales que, tuteladas en la constitución y un enorme marco jurídico, mujeres y hombres son libres para amarse, y poder adoptar a infantes si así lo desean. Obvio es, que la sociedad, esa que califica y descalifica, tiene que estar preparada para aceptar las nuevas relaciones tuteladas en la legislación, pero principalmente porque es un derecho, y humano.
De ahí, que no solamente la CONAPRED, sino otras instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) como eje rector de la política d igualdad en la administración pública, vigila el cumplimiento de la misma.
De tal manera, en los casos donde el funcionariado no ha logrado entender que la aplicación de la ley, debe cumplirse, porque es coercitiva, porque si no acata, se sanciona. Así Chiapas y Nuevo León tuvieron sendos llamados de atención por la CONAPRED e INMUJERES.
Por ejemplo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) pidió a Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del Congreso de Chiapas, abstenerse de manifestaciones que inciten al rechazo, exclusión o violencia contra las personas de la diversidad sexual.
Lo mismo que se abstenga de expresiones que atenten contra la dignidad e incidan en la restricción de los derechos que pudieran perpetuar un ambiente de hostilidad en su agravio contra las personas d la diversidad sexual.
El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, también llevó, y entonces INMUJERES expresó su rechazo absoluto a los calificativos y expresiones discriminatorias por parte del ejecutivo, al referirse a las niñas de su entidad, durante la firma de un convenio para la instalación de la Red de Universidades Saludables.
Sostiene INMUJERS que “Ni el tema de embarazo adolescente, ni el sobrepeso, que son problemas de salud pública, pueden ser tratados de manera superficial e irresponsable, con el lenguaje usado por quien es la máxima autoridad estatal”.
La postura de INMUJERES se centró al aludir a la frase del gobernador al criticar a las niñas con obesidad y referirse al embarazo como una forma de “gordura” y arremetió señalando que “las madres nuestras no tenían anticonceptivos, no había condones, ni gimnasios ni tecnología”, lenguaje sexista y misógino, que ofende a la sociedad en su conjunto, esto durante un evento para referirse al programa de prevención de embarazos en adolescentes.
No solo el uso de un lenguaje incluyente, sino que la política pública debe estar sustentada en la aplicación de los preceptos constitucionales, que garantice el respeto de los derechos humanos, la convivencia armoniosa para mujeres y hombres, en el respeto de las preferencias sexuales.
