Piden condiciones para retorno de desplazados de Chilón

Elio Henríquez/La Jornada.- Los centros de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y de Derechos Indígenas (Cediac) demandaron al Estado mexicano que genere las condiciones para el retorno de 190 indígenas tzeltales desplazados de las comunidades de Carmen San José y San Antonio Patbaxil, municipio de Chilón, por un grupo de hombres armados de la vecina localidad de Pechtón.

En un comunicado conjunto exigieron garantizar la vida, seguridad e integridad personal de los afectados; investigar imparcial y eficientemente las agresiones que provocaron su desplazamiento forzado y evitar que se repita en las comunidades de Juan Sabines Verapaz y Tzubute’el Santa Rosa, municipio de Chilón, y así como de Santa Cruz, municipio de Sitalá, amenazados por el mismo grupo.

El documento fue dado a conocer en rueda de prensa en las instalaciones del Frabya, donde representantes de los 190 indígenas aseguraron que el grupo armado está integrado por unos 25 hombres que se dedican a robar, extorsionar y agredir a habitantes de Chilón y Sitalá desde que el ahora ex alcalde Leonardo Guirao Aguilar (2012-2015) los contrató como sus guardaespaldas y les dio camionetas y armas.

Señalaron que algunas familias desplazadas por este grupo, cinco de cuyos integrantes están presos en el penal de Ocosingo, se encuentran en el monte y otras rentando o refugiadas con familiares.

El Frayba y el Cediac explicaron que el 7 de junio del año pasado los integrantes del grupo armado desplazaron a 125 personas de Carmen San José, cuyas casas fueron quemadas y sus pertenencias robadas, y el pasado 6 de diciembre hicieron lo mismo con 65 de San Antonio Patbaxil.

Afirmaron que “el Estado mexicano no ha cumplido con la obligación de proteger y garantizar la seguridad de la población en la región, acorde a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de las Naciones Unidas, ni realizado acciones inmediatas de ayuda humanitaria, de protección y prevención para evitar que siga escalando la crisis de derechos humanos en la región”.

En la conferencia participaron también integrantes del llamado gobierno comunitario de Chilón, que luchan por el ejercicio de su derecho a la libre autodeterminación para elegir a sus autoridades municipales por medio del sistema de usos y costumbres, quienes igualmente demandaron al gobierno federal y estatal que intervengan para que los desplazados retornen a sus comunidades en condiciones de seguridad, y que sea desarmado el grupo de civiles que “siembra el terror” en la zona.

Comentaron que a pesar de que cinco miembros del grupo armado han sido detenidos (Jorge Daniel y Eleazar Alvaro Guillén, apenas el pasado 10 de este mes), continúan las amenazas de nuevos desplazamientos. “Estos delincuentes no se han calmado con la detención de sus cinco compañeros, sino que parece que más coraje tienen y se burlan diciendo que pronto saldrán de la cárcel”, comentaron.