IP exhorta a legisladores a ampliar plazo para cambios de outsourcing

Ciudad de México – El sector privado del país exhortó a todas las fuerzas representadas en el Congreso de la Unión para celebrar un periodo extraordinario para ampliar el plazo de implementación de la reforma en subcontratación, pues están en riesgo 3.1 millones de empleos.

Ante la cercanía del 1 de agosto, fecha en la cual vence el plazo para que las empresas cumplan con con las notificaciones en materia de outsourcing, la iniciativa privada señaló que 387 mil firmas han encontrado dificultades técnicas y operativas para el cumplimento de las nuevas disposiciones.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró “urgente” realizar una reforma legislativa a los artículos transitorios para extender el plazo de la entrada en vigor de las modificaciones.

Exhortó a todas las fuerzas representadas en el Congreso de la Unión para celebrar un periodo extraordinario el 30 de julio. “Es de suma relevancia contar con un mayor tiempo, en los términos de la iniciativa presentada, para asegurar la puesta en práctica exitosa de la reforma”, dijo.

“El diálogo político y la sensatez deben prevalecer sobre los intereses de grupo y contribuir a la preservación de los empleos y la recuperación económica del país”, apuntó.

Ante la primera negativa para realizar un periodo extraordinario de sesiones, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó la urgencia de alcanzar un acuerdo legislativo que permita a las empresas cumplir con sus obligaciones.

Insistió en que el plazo de implementación se extienda hasta el 1 de enero de 2022, pues permitirá a las autoridades homologar la implementación de la misma entre los sectores público y privado.

Comentó que “la grave situación de indefinición e incertidumbre en que se encuentran hoy tanto las empresas como los colaboradores, tiene su origen en que las autoridades, principalmente el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“No podemos llegar al 1 de agosto en el contexto actual que haría que muchas empresas caigan en la ilegalidad y que millones de colaboradores pierdan sus fuentes de ingresos por falta de voluntad política”, dijo.

Salomón Presburger, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) expresó que el sector está muy preocupado, pues la situación los está colapsando.

El organismo del sector privado señaló que aún hay miles de empresas que, a pesar de su voluntad, por razones técnicas, de información o de capacidad propia o de terceros no han podido cumplir con la totalidad del proceso.

Recordó que al 25 el avance es significativo, pues 2.3 millones de trabajadores han migrado de una empresa prestadora de servicios de personal a un patrón directo, con incrementos de 12 por ciento o más del salario base de cotización, que ha pasado de 472.5 pesos a 529.4 pesos. (La jornada)