Al Son del texto
Tina Rodríguez
La noticia de que la Secretaría de Salud fijó plazo al laboratorio Roche para resolver el desabasto de oseltamivir en las farmacias del sector privado antes del próximo 6 de marzo, no deja más que la idea de que se trataba de encarecer el producto ante la demanda de la población ante la posible presencia epidemiológica de la Influenza.
No lo dice la dependencia pero no se necesitan tres dedos de frente para adivinar la intención, luego de propiciar un escenario mediático y obligar a la gente aprevenirse comprando el producto al precio que sea.
Eso es mezquino.
Según esto, de no surtir en ese periodo, autoridades de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios “aplicarán la sanción correspondiente”, señaló la dependencia que, seguramente hizo lo necesario con antelación hasta que no tuvo otra que amenazar a la “propietaria” de la patente.
Se insiste: ¿Por qué sigue pasando esto por parte de éstas empresas irresponsables ante los riesgos sanitarios?
La verdad debió ser más enérgico el llamado, ya con sanción incluida.
Obvio se dio a conocer que las instituciones públicas cuentan con el abasto necesario del antiviral para hacer frente a los casos de influenza que se presentan ya en el país, pero eso es lo oficial y sobre el particular la comuna de siempre tiene dudas.
O sea que para antes del domingo próximo estarán disponibles 20 mil unidades de tratamiento para el sector privado y 65 mil para las instituciones públicas, y ¿mientras?
¿Con aspirinas?
Esa situación debe ser sancionada de una vez para que no se vuelva a repetir. Es una burla a la ley.
Aun el antiviral debe ser prescrito por un médico, la verdad de qué sirve si no hay.
Este no es el único caso en México pues en 2006 cinco empresas fueron multadas por el gobierno mexicano, por encarecer medicamentos e incurrir en prácticas monopólicas para ganar licitaciones, en aquel sonado caso de insulina.
Las mismas prácticas del siglo pasado de abuso por parte de empresas seguramente transnacionales con franquicias a nombre de mexicanos honorables, explotando la necesidad de nuestra gente.
Aquella vez se trató de Eli Lilly, Laboratorios Cryopharma y otras cuatro empresas farmacéuticas a las que sancionaron con 150 millones de pesos por parte de la Comisión Federal de Competencia.
Esos seis laboratorios violaron la fracción IV del artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica “al coordinar sus posturas en las licitaciones públicas convocadas por el IMSS con el efecto de eliminar la competencia entre ellas y obligar al instituto a pagar precios exagerados y altos por los medicamentos que requiere para tratar a sus derechohabientes”.
¿No fue eso como una especie de asociación delictuosa en contra de la salud pública?
Pero nadie fue a la cárcel, y seguramente historias no contadas fueron víctimas de esa situación como lo serán muchos casos ahora que no habrá medicamento para combatir la influenza hasta el domingo, si es que la susodicha Roche, hace su parte.
