Pide Federación de Abogados chiapanecos esclarecer asesinato de 4 personas

Elio Henríquez/La Jornada/San Cristóbal de Las Casas, Chis.- La Federación de Abogados Chiapanecos pidió a las autoridades estatales que esclarezcan el asesinato de cuatro personas, entre ellas dos litigantes, ocurrido el 17 de este mes, cuando acudieron a realizar trámites legales por la invasión de un racho, y que se castigue a los responsables.

“No vamos a permitir ni una muerte más, queremos que se esclarezca lo más pronto posible este brutal atentado en el que perdieron la vida a nuestros compañeros”, dijo Antonio Flores Torres, presidente de la agrupación que aglutina asociaciones, barras y colegios de abogados de la entidad.

En conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, señaló que este lunes entregaron una carta al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y al fiscal general del estado, Olaf Gómez Hernández para exigirles que “estos crímenes no queden impunes”.

Demandó el “pronto esclarecimiento de estos cobardes crímenes y la presentación ante jueces de los responsables que cobardemente los incineraron”.

Los abogados Francisco Sarmiento Mandujano y Eyder Román Gómez, así como sus acompañantes José Luis, “N” y Agustín, fueron asesinados el 17 en municipio de Jiquipilas y luego incinerados adentro de su vehículo.

“Los abogados exigimos respeto y seguridad en el ejercicio profesional de nuestra actividad como abogados litigantes que somos”, agregó Flores Torres.

Añadió que “con el brutal atentado no sólo le dieron muerte a nuestros compañeros, sino que atentaron contra el libre ejercicio del derecho al trabajo. Los abogados chiapanecos nos declaramos en protesta permanente, hasta en tanto no se encuentren tras las rejas los delincuentes que privaron de la vida a nuestros compañeros, y exigimos que las autoridades otorguen las garantías cautelares a la familia y que pronto se les restituyan sus derechos”.

Reiteró que “es el momento de alzar la voz. Ni un abogado más. No vamos a permitir que empiece la cacería de brujas ni se empiece a coartar el libre derecho al trabajo de los litigantes. Somos los únicos que no tenemos ninguna garantía. Salimos del homicidio diariamente y no sabemos si vamos a regresar”.

Por separado, el Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri), dependiente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Emiliano Zapata negó “de manera tajante las acusaciones que buscan implicar a los integrantes de nuestra organización en el asesinato” de las cuatro personas.

“Comprendemos el dolor de los familiares de las cuatro personas asesinadas, pero categóricamente manifestamos que nuestra organización no se encuentra ocupando o mantiene la posesión del rancho, propiedad de la familia Sarmiento Mandujano”, dijo en un comunicado.

Agregó: “Nos unimos a la exigencia de las victimas para que el Ministerio Público agote todas las líneas de investigación y se logre el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables”.

Familiares de Sarmiento Mandujano una de las víctimas, responsabilizó a integrantes del Mocri del cuádruple asesinato.

El Mocri denunció que dos menores resultaron lesionados el sábado, durante el desalojo que realizaron policías estales de siete propiedades unicadas en el municipio de Ocozocoautla, entre ellas, dos propiedad de la familia Sarmiento Mandujano.

Asimismo, exigió a la Fiscalía General del Estado, que “lleve a cabo una investigación imparcial y efectiva de los hechos y no contribuya a propagar versiones que buscan criminalizar a los integrantes de nuestra organización”, al tiempo que condenó el hecho de que “las autoridades recurran nuevamente a las viejas prácticas de fabricar culpables”.

Sostuvo que “desde su frontera sur Chiapas es paso obligado del tráfico de armas, ilegales trata de blancas, sicarios y asesinos a sueldo; los municipios de Villaflores, Villa corzo, Ocozocuautla, Mezcalapa, Cintalapa y otros son paso obligado para desviar a Tuxtla Gutiérrez”.

Manifestó que “tenemoselementos para afirmar que la acusación hacia nuestra organización, es una venganza de las autoridades del estado por el apoyo solidario brindado a los alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, pues en una reunión que nuestros representantes sostuvieron con funcionarios estatales, amenazaron con reprimir a la organización si continuaba apoyando a los compañeros normalistas”.