El caso de Le Baron es un verdadero escándalo, de muchas referencias, justificaciones y acusaciones, que se viene a integrar al suceso pasado en Culiacán, Sinaloa.
El punto es que ambas entidades son gobernadas por la oposición al régimen de López Obrador, y los índices de inseguridad en éstas, debería ser responsabilidad de sus gobernantes, en éste caso de Claudia Pavlovich, la única mujer que es gobernadora, militante del PRI, en Sonora.
Desde luego que como sucedió con el caso Ayotzinapa, que se le endosó al gobierno de Enrique Peña, siendo el gobernador Angel Aguirre, del PRD, fue al gobierno federal al que se le acusó de todo y es la fecha que así se mantiene.
Va a ser difícil que Pavlovich pida licencia como le sucedió a Aguirre en Guerrero, menos ahora en que todo problema mayor en las entidades, que tenga que ver con la violencia, pareciera ser competencia exclusiva del gobierno federal.
