Si bien es necesario modernizar el marco jurídico de Chiapas, parece que no está levantando el ánimo necesario entre los sectores que deberían estar interesados.
En nuestro país ha sido constante esa modalidad de reformar artículos constitucionales federales y locales en consecuencia, en una movilidad jurídica que no ha beneficiado mucho su credibilidad ante la opinión pública, que a diario se entera en las redes de abusos de autoridad.
Detenciones arbitrarias, lagunas que benefician situaciones millonarias, todo en perjuicio de la sociedad como pasa con lo que no está bien legislador o medidamente investigado.
Es como la acusación al ex alcalde de Comalapa como presunto responsable del asesinato de un regidor: ¿Cómo acusar sin pruebas? ¿Se lavan las manos las autoridades con llamarlo presunto en un tecnicismo que al final es acusatorio?
Y así muchos términos y acusaciones deben ser corregidas, actualizadas tomando en cuenta derechos humanos, muy aparte de que es poco probable de que el borrador de las reformas estatales, sea conocido y menos interpretado por la ciudadanía hasta su aprobación y publicación.
