Ángeles Mariscal l Activistas del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (CDH) denunciaron una serie de cateos sin orden judicial en una comunidad indígena de la zona norte del estado de Chiapas, que desde hace varios años mantiene un proceso de resistencia en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Los hechos se dieron contra habitantes de la comunidad Chuchucruz II Sección del municipio de Tumbalá denunciaron al CDH cateos sin motivo y orden judicial en domicilios. Refieren que militares llegaron intimidando a sus habitantes y destruyendo sus propiedades.
Los indígenas choles pertenecientes a la organización Laklumal Ixim-Norte Selva (Nuestro Pueblo de Maíz) contactaron al Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa para denunciar que el día 6 de noviembre en la comunidad Chuchucruz II Sección, del municipio de Tumbalá ,incursionaron militares y que alrededor de las tres la tarde se introdujeron y catearon ilegalmente las viviendas de los señores Domingo Sánchez López, Armando Sánchez Álvaro, Cristóbal López moreno y Domingo Sánchez López.
Denunciaron que los militares nunca justificaron porque se introdujeron a sus viviendas y que no presentaron ninguna orden judicial y su único argumento es que tenían autorización de las autoridades de la comunidad (pertenecientes al Partido Verde Ecologista de México). El pretexto del cateo ilegal por parte de elementos del ejército es que iban en busca de drogas y armas de alto calibre.
Las familias afectadas manifestaron al Comité Digna Ochoa que los militares hicieron uso de violencia contra ellos y lanzaron amenazas, tiraron papeles y sus cosechas de frijol y maíz almacenadas en las casa, y que al no encontrar nada se retiraron luego de cerca de una hora.
Tras el cateo donde vivieron momentos “de terror las mujeres y los niños”, señalaron que siguen con temor de que los militares vuelvan a regresar”, por lo que el CDH pidió a las familias que inicien a la brevedad una demanda penal por los delitos que resulten del cateo ilegal en sus domicilios por militares.
El Comité Digna Ochoa señaló que el ejército actuó de manera ilegal y que continúa violando derechos constitucionales y humanos de miles de mexicanos y mexicanas, al catear domicilios y propiedades sin una orden expedida por una autoridad judicial en donde se manifieste claramente la justificación del cateo, la ubicación del lugar a inspeccionar y los objetos que se buscan o han de asegurarse a lo que únicamente debe limitarse la diligencia.
Además de que, en cada cateo, debe acompañar la diligencia una autoridad ministerial que dé fe de la diligencia; y de no cumplirse estos requisitos establecidos en el Código Federal de Procedimientos Penales, la diligencia carecerá de valor y los miembros del ejército están cometiendo la comisión de diversos delitos.
Los pobladores de esta comunidad forman parte de un movimiento regional de resistencia en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por sus altas tarifas de cobro en la zona donde la población son en su mayoría indígenas con alto grado de pobreza.
