Elio Henríquez/San Cristóbal de Las Casas, Chis. – Como pueblos mesoamericanos, Chiapas, Guatemala y El Salvador no sólo comparten riqueza cultural heredada en mayor o menor medida por los mayas, sino que enfrentan la voracidad de las empresas mineras que los despojan de su patrimonio y les dejan destrucción ambiental, ríos contaminados y enfermedades con sus “proyectos de muerte”.Comparten también una historia de lucha y resistencia para frenar a las compañías mineras, muchas de Canadá, y defender sus recursos, a contrapelo de sus respectivos gobiernos que otorgan concesiones, violando muchas veces las normas ambientales o la consulta previa, libre e informada.
Con su resistencia, los pueblos han logrado, por ejemplo, que de 2023 a la fecha se hayan cancelado en Chiapas 66 concesiones, aunque quedan vigentes 45. En el vecino departamento de Huehuetenango, Guatemala, decenas de comunidades siguen en “alerta” para impedir que empresas extranjeras que cuentan con por lo menos 36 licencias, exploten oro, níquel, plata, zinc y otros metales, mientras que en El Salvador se han encendido las alarmas porque la Asamblea Legislativa aprobó el 23 de diciembre la nueva ley minera, luego de que la anterior fuera derogada en 2017.
El Frente Popular en Defensa del Soconusco, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), dijo que las 45 concesiones mineras vigentes en Chiapas abarcan una extensión aproximada de 50 mil hectáreas.
La agrupación, que tiene presencia en diferentes municipios del soconusco y la costa de Chiapas, manifestó que muchas de las 66 concesiones canceladas serían explotadas sobre todo en Pijijiapan y Acapetahua, con extensiones amplias, incluso en el mar.
Explicó que los 66 permisos fueron cancelados principalmente porque las empresas incumplieron con la presentación de trámites como el no pago de impuestos y la no realización de informes sobre su actividad. “Quedaron como concesiones ociosas, pero podrían ser reactivadas si así lo desean cuando cumplan con los requisitos”.
Con resultado de su lucha, el Frente ha logrado comprometer desde 2015 a algunos ayuntamientos de esas regiones para que no otorguen permisos a las empresas, como ocurrió en Acacoyagua, cuyo cabildo declaró al municipio libre de minería.
Pero esa lucha contra la explotación minera le costó la vida al dirigente Mariano Abarca Roblero, asesinado a balazos en Chicomuselo en noviembre de 2009.
Del otro lado de la frontera, en Huehuetenango, decenas de comunidades siguen en “alerta” para impedir que compañías mineras reactiven actividades. “Hasta ahora se han podido frenar los trabajos de explotación mediante las consultas comunitarias y la movilización, pero el riesgo está latente porque las compañías usan diferentes estrategias para saquear nuestros recursos”, dijo Francisco Rocael Mateo Morales, miembro de la coordinación general del Consejo del Pueblo Maya.
“Desde 2005 a la fecha, los pueblos, las comunidades de por lo menos 30 municipios de Huehuetenango y alrededor de más de cien de todo país como han dicho no al extrativismo, mediante consultas, levantado sus actas con acuerdos, con el aval de los concejos municipales.
Entrevistado en Huehuetenango, donde tiene sus oficinas, el activista señaló que “la gente dijo no a la minería, pero está en alerta permanente para impedir que se concreten esos proyectos de muerte”.
Mateo Morales dijo que en todo el Guatemala existen más de 600 licencias para explotar minas, al tiempo de referir que “nuestra principal lucha es por la vida porque consideramos que el extrativismo minero atenta contra la vida y no sólo de las personas. Desde nuestra cosmovisión, todo ser vivo tiene derecho; los ríos, las plantas y los animales somos hermanos, nos platicamos y nos defendemos unos a otros. Si falta uno pone en riesgo la vida. Y la minería es un modelo insostenible, depredador y se ha comprobado. Es un despojo de los pueblos”.
Manifestó que las 36 licencias en Huehuetenango, suspendidas como resultado de la movilización, fueron otorgadas de manera ilegal y arbitraria violando el derecho a la consulta y el consentimiento de los pueblos.
Agregó que “la criminalización ha sido una estrategia perversa del poder corporativo y del gobierno para desmontar y debilitar la lucha comunitaria”.
En El Salvador, mientras tanto, con la iglesia católica a la cabeza, reinició la lucha y la resistencia para impedir que el presidente Nayib Bukule imponga la nueva ley minera aprobada el 23 de diciembre a iniciativa suya, por la mayoría de asambleistas de su partido Nuevas Ideas.
Durante reunión realizada el pasado fin de semana, los doce obispos que integran la Conferencia Episcopal de El Salvador, llamaron a la recolección de firmas y a jornadas de ayuno y oración para revertirla. “No podemos mantenernos pasivos ante las secuelas dejadas por los estragos hasta ahora sufridos” como terremotos, erupciones volcánicas y prácticas mineras cuyas secuelas aún son padecidas por el pueblo en general, tanto como por la naturaleza, dijeron.
En un documento difundido el sábado agregaron convocaron a “recoger firmas que certifiquen la voluntad del pueblo en cuanto a su petición a la Honorable Asamblea Legislativa a revertir lo actuado el recién pasado 23 de diciembre, derogando la Ley General de Minería Metálica. Es necesario prohibir la práctica de todo tipo de extracción minera que, redundaría en un nuevo flagelo para la población no solo la más vulnerable sino toda en general, incluyendo, poblaciones cercanas a nuestros límites fronterizos”.
El obispo de la diócesis de Chalatenango, Oswaldo Escobar, lamentó “mucho la decisión del gobierno de derogar una ley de minería cuando en 2017 se había aprobado de que en El Salvador se iba a prohibir para siempre la minería por la densidad demográfica que tenemos y por el estrés hídrico”.
En entrevista telefónica dijo que “era un gran logro conseguido después de mucha presión social y ahora, de un momento para otro nos viene esta derogación que ya teníamos y que era incluso un ejemplo a nivel mundial de cómo El Salvador había prohibido” el extractivismo.
Sostuvo que la decisión “es lamentable y precipitada, sin estudios ni análisis de sus impactos. Es un gran retroceso en nuestro medio ambiente y si se llega a concretar el país sería casi partido en dos porque, aparte de todas las repercusiones negativas que dejan los químicos que se utilizan, como la contaminación de todas las fuentes de agua”.
Agregó que “en muchos temas en este país -cada uno tendrá su criterio; yo sé que en muchos lugares se pinta muy lindo a El Salvador- hay una gran opacidad o una gran oscuridad, pues nunca se sabe qué pasa, incluida la ley de transparencia económica”.
Escobar expresó que los puntos mineros a explotar “atraviesan todo el país. Es todo un cinturón. Se trata de y de otros materiales que quieren explotar. Es una salida un tanto mágica. Primero se apostó por el bitcoin que no dio los resultados que se esperaban. El país está quebrado económicamente y se quiere salir adelante con un golpe de suerte como con la minería”.
El obispo de la orden de los Carmelitas Descalzos, aseguró que la mayoría de la población salvadoreña está en contra de la explotación minera. Es un no rotundo”.
Por separado, Zenaida Serrano, abogada y coordinadora del movimiento unificado Francisco Sánchez -1932, MUFRAS-32, sostuvo que “ha sido un proceso de formación de ley abrupto, sin respetar el proceso de información. Desde 2017 existía la prohibición total de explotación minera en El Salvador”, de 21 mil kilómetros cuadrados, 354 habitantes por kilómetro cuadrado.
En entrevista telefónica expresó que la nueva ley va a impactar el agua de El Salvador y por ende la vida de la gente. Las zonas mineras serán impactadas dramáticamente porque la concentración de oro en el país está en micro partículas, por lo que tiene que ser minería a cielo abierto.
Resumió: “La minería es para El Salvador, un asunto de vida o muerte. Es una irresponsabilidad cómo el Bukele ha manejado el tema de las mineras al asegurar que existen billones de millones en dinero en oro y que es absurdo que teniendo el oro, no se saque”.
