Repudian Organizaciones a grupos de choque en San Cristóbal

Elio Henríquez/La Jornada/San Cristóbal de las Casas, Chis. – Veinticinco organizaciones encabezadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), manifestaron su “profunda preocupación por el incremento y excesiva violencia de grupos armados en San Cristóbal”, donde “es evidente que poderes fácticos los utilizan a través de acciones de terror, para controlar a la población y el territorio estratégico para las economías legales e ilegales de la delincuencia organizada”.

En un pronunciamiento conjunto manifestaron que “es patente que la estrategia de seguridad implementada por el Estado mexicano en todos sus órdenes de gobierno no ha resuelto la problemática sino que ha generado una espiral de mayor violencia, por lo que es necesario generar alternativas desde la sociedad con una mirada de construcción de paz duradera”.

Añadieron que “en San Cristóbal han proliferado organizaciones clientelares que administran de manera irregular mercados, transporte público, venta de tierras ocupadas y otras actividades económicas lícitas e ilícitas”.

Recordaron que tras el asesinato de Jerónimo Ruiz, uno de los líderes de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach), ocurrido el 17 de este mes, aumentó la violencia la ciudad. “Durante más de 8 horas, personas con armas de alto calibre detonaron ráfagas de disparos en varios puntos, quemaron al menos tres casas y asesinaron a otras dos personas, además de que se difundieron diversas amenazas y rumores en redes sociales”.

Afirmaron que “el clima de violencia provocó terror entre la población, lo cual llevó a que la tarde de ese día y el día siguiente escuelas de todos los niveles suspendieran clases, diversos comercios cerraron y un alto porcentaje de habitantes se resguardaron en sus domicilios”.

Las agrupaciones, entre ellas, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), la Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (Coreco), Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, (DESMI) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, aseguraron que “a pesar de las constantes interpelaciones al Estado mexicano por la actual crisis de violencia en Chiapas, no ha habido una respuesta efectiva”.

Por el contrario, agregaron, “existen diversas señales de colusión, minimización, o inacción, que incrementan el riesgo e indefensión para las víctimas y la sociedad en general, particularmente en niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas”.

Subrayaron: “Es patente que la estrategia de seguridad implementada por el Estado mexicano en todos sus órdenes de gobierno no ha resuelto la problemática sino que ha generado una espiral de mayor violencia, por lo que es necesario generar alternativas desde la sociedad con una mirada de construcción de paz duradera”.

Sostuvieron que “durante los últimos años ha sido evidente el vínculo de algunas de estas organizaciones con funcionarios estatales y la delincuencia organizada, puesto que se encargan de controlar en diversos mercados el tráfico y venta de drogas, de armas de alto calibre, la trata de personas, la explotación de madera y materiales pétreos, robo de autos, pornografía, etcétera. Estas organizaciones han utilizado armas de alto calibre para imponerse aumentando la violencia y la colusión entre empresas, crimen organizado y políticos”.

Este fenómeno, abundaron, “se enmarca en una conocida disputa actual entre carteles de la droga en el territorio de Chiapas, elevando el riesgo para los habitantes y las personas defensoras de derechos humanos en la región.

Luego de hacer un llamado a la población “a construir, desde nuestras distintas realidades, alternativas de vida que representen una barrera a la violencia en nuestros distintos territorios”, consideraron que “es posible aún caminar y tejer un mundo alterno porque en Chiapas existen procesos referenciales, sobre todo en los pueblos originarios que por más de 500 años han luchado por mantener y fortalecer el buen vivir desde la armonía social, espiritual y de relación con el territorio”.

Reconocieron “la pluralidad de nuestro estado, la cual, lejos de alimentar la intolerancia representa un gran potencial para idear, desde los diferentes pensamientos, alternativas para la paz donde niñas, niños y adolescentes puedan soñar con un futuro de vida”.