Investigarán a directivos del Isstech en caso de médico chiapaneco

Elio Henríquez/La Jornada/San Cristóbal de Las Casas, Chis.- El abogado Antonio Juárez Navarro, defensor del médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, exjefe de Urgencia y Medicina Critica del Hospital de Especialidades Vida Mejor, vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad, informó que la Fiscalía General Estado (FGE) inició una nueva carpeta de investigación que “ya no apunta” hacia su cliente, sino a directivos del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), que crearon un área especial para atender a particulares enfermos de Covid-19.

En conferencia de prensa realizada en Tuxtla Gutiérrez, dijo que el lunes se reunió con el titular de la FGE, Jorge Luis LLaven Abarca para presentar pruebas que deslindan de responsabilidad jurídica a Grajales Yuca.

“El Fiscal, lejos del tema de política y derivado de estas pruebas que presentamos, abrió ayer una carpeta de investigación y el despacho que dirijo se comprometió con la FGE y ella con nosotros a dar con los responsables de la mala administración en el Isstech”, del que depende el hospital de Especialidades Vida Mejor, agregó.

“Personalmente tenía yo la impresión de que la FGE estaba metida en esto por diversas situaciones, pero ayer me reuní” con LLaven Abarca “y me llevé una grata sorpresa”, aseveró.

Señaló que durante el encuentro, la defensa de Grajales Yuca, quien permanece en arresto domiciliario por motivos de salud, presentó “testigos clave y pruebas idóneas para que el doctor salga en libertad de inmediato”.

El médico fue detenido por policías estatales el 25 de julio, luego de la denuncia interpuesta por Karen Alejandra Ramírez Molina, por supuesto abuso de autoridad, después de que su padre, Miguel Arturo Ramírez López, exdiputado local y exdirigente del estatal partido Mover a Chiapas, falleciera de Covid-19. Ramírez Molina acusó al médico de solicitarle medicamentos para atender a su padre en el Hospital de Especialidades Vida Mejor.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició posteriormente otra carpeta de investigación, luego de que Jorge Gustavo Cervantes Yáñez, contagiado con Covid-19, declaró que el imputado le pidió “entre 550 mil y 650 mil pesos” por atenderlo “en una habitación con una curación integral porque estaba yo grave y que era posible que necesitara intubación” en el citado nosocomio.

Juárez Navarro sostuvo que “hay una mala administración en el Isstech, y alguien creó un área Covid-19 VIP, con lo que quitaban herramientas vitales a los derechohabientes. No digo que una persona rica no tenga derecho, pero no tiene más derecho que un derechohabiente. Había ventiladores mecánicos de alta frecuencia, de última generación que no podían ser utilizados para los derechohabientes. Alguien tiene que pagar por eso. Tenemos indicios suficientes y es una carpeta nueva de investigación que no apunta hacia Grajales Yuca, sino a otros rumbos de la gente que tiene que responder por eso”.

Reiteró que durante la reunión del lunes, a la que asistió también el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Rogelio Estrada Heleria, quien “se comprometió a investigar la corrupción” en el Isstech, “llevamos tres testigos clave, con evidencias sustentables de que alguien estaba utilizado recursos personales para muchas cosas. Grajales Yuca no se benefició de esto, él recibió dinero por un sueldo igual que muchos trabajadores porque el trabajo devengado merece un sueldo, pero no es algo ilegal”.

Recordó que el médico “está siendo acusado de abuso de autoridad, que se configura cuando un funcionario público se beneficia personalmente en forma ilícita. El no era médico tratante como funcionario, del papá de la querellante porque no era derechohabiente, por lo que la relación que los vinculaba era de medicina o de médico particular. ¿Por qué un médico institucional tenía que trabajar como médico particular en una institución pública? Porque algún directivo creó un área particular en un área pública y eso no lo puede decidir el médico. En el Isstech hay corrupción. Y tenemos el compromiso de LLaven Abarca y del Fiscal anticorrupción de combatirla con pruebas”.

Remarcó: “Ya hay una Carpeta de Investigación, no me la platicaron, yo la vi, vi entrevistas objetivas y aportamos datos que apuntan hacia un lugar muy objetivo, y mi compromiso es que no vamos a sesgar nuestras investigaciones, no nos vamos a dejar intimidar por nadie, vamos a dar con los responsables aportando los datos de prueba para deslindar a nuestro representado de esto”.