PRI demanda al gobernador Adán Augusto por “daño moral”, al no probar que está vinculado a extorsionadores

Redacción / Reporteros del Sur.- El Presidente del PRI, Pedro Gutiérrez Gutiérrez recordó que el pasado 29 de julio el mandatario morenista, en rueda de prensa, acusó que hay seudo sindicatos o agrupaciones vinculadas al PRI dedicadas a la extorción; afirmación que la realizó en el contexto del debate que se abrió en torno a las reformas al Código Penal del estado conocida como la “Ley Garrote”.

En ese sentido, dijo, el CDE del PRI en forma puntual, exigió al gobernador que probara sus dichos y señalara públicamente qué sindicatos o agrupaciones dedicados a la extorsión están vinculados al partido. Asimismo, diera nombres o los números de las carpetas de investigación en curso, pues de no hacerlo, se le reclamarías ante las instancias jurídicas competentes.

Sostuvo que tal acusación se trataba de una declaración irresponsable del ejecutivo estatal. Una declaración que por la investidura pública de quien lo afirmaba tenía un impacto mediático de mayor envergadura que si lo dijera un ciudadano sin cargo público”. Subrayamos que era un señalamiento vago, ambiguo y sin sustento”.

Ante los medios de comunicación, el líder del priísmo tabasqueño precisó que en su momento se dedujo que ante el regaño del presidente de la República, en una de sus mañaneras, por restringir el derecho de manifestación con la “Ley Garrote” y el repudio absoluto de la población en el estado, el gobernador en la búsqueda de culpables por su equivocación, señaló de mala fe, al partido en el que militó durante muchos años, de estar vinculado con sindicatos o agrupaciones dedicadas a la extorsión de empresas, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad.

“Nosotros le recordamos a la opinión pública que quienes habían promovido bloqueos a distintos pozos de Pemex, tomas de plazas públicas y vías de comunicación como la importante avenida reforma de la ciudad de México que causó pérdidas millonarias había sido la oposición de izquierda encabezada por el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador”, precisó durante el encuentro con la prensa en la que estuvo presente Juan Carlos Castillo Silva, secretario Jurídico y de Transparencia, en la que se informó sobre la presentación de un Juicio Ordinario Civil ante los juzgados civiles del estado, por daño moral al Partido Revolucionario Institucional, en contra del gobernador Adán Augusto López Hernández.

El exdiputado local manifestó que se cuestionó al titular del Ejecutivo del estado que dijera cuántos líderes sindicales de filiación priísta, presuntamente dedicados a la extorsión, han sido encarcelados y sentenciados por dicho delito en lo que va de su sexenio, sin que se haya recibido respuesta alguna.

Señaló que el PRI rechaza contundentemente esa acusación que considera grave y exigió que el Ejecutivo estatal dijera públicamente, ¿cuál o cuáles organizaciones sindicales o no, dedicadas a la extorsión, están vinculadas al PRI, y de qué forma están vinculadas?

Afirmamos que si existían líderes sindicales dedicados a la extorsión deberían estar vinculados a proceso penal por lo que sería fácil de identificarlos.

Exigimos que se expresara cuántos de esos líderes sindicales corruptos habían sido encarcelados y sentenciados en lo que va de su gobierno y cómo deberíamos entender esa vinculación con el PRI de la que habló en su rueda de prensa.

Ante tales declaraciones falaces de un gobierno represor que pretende instaurar la “Ley garrote”, y luego transcurrido más de tres meses y que no ha respondido a ninguno de los cuestionamientos y no han expresado ninguna aclaración exigida por el partido, informó, el titular de la Secretaría Jurídica y de Transparencia del CDE presentó un Juicio Ordinario Civil ante los juzgados civiles del estado, por daño moral al Partido Revolucionario Institucional, en contra del gobernador Adán Augusto López Hernández.

La demanda, dijo, fue presentada ante el juzgado tercero civil, a las 9:37 de la mañana, recibida por la oficial Lucila Esquivel Pérez, asignándosele el folio número 995-2019.

RESPETO A NORMAS DEL PARTIDO

El dirigente del tricolor señaló que el Código de Ética del Partido Revolucionario Institucional establece que todo militante priísta debe asumir cabalmente las normas de la más acendrada moralidad pública. “El priísta, en el ejercicio de esa moral, debe ser leal, honesto, responsable y solidario sobre todas las cosas, a la República, a las instituciones nacionales y al Partido Revolucionario Institucional”.

“El militante priísta, señala el Código de Ética, debe cuidar auténticamente todos los valores del partido, igual los de carácter material que los simbólicos. Para ello, debe comprometerse, de manera honesta e irrenunciable, con la estricta observancia de los principios, los valores y el proyecto político de nuestra organización”.

“El Código de Ética exige a los militantes, cuadros y dirigentes, así como al priísta que alcance un puesto de elección popular, de cualquier nivel, a que desempeñe una función administrativa, por elevada que sea su jerarquía de estricta observancia de la ley y los altos intereses de nuestra nación. Se exige en todo momento, probidad en sus actos”, señaló.

“De la misma manera que el PRI tiene la obligación moral de defender jurídica y políticamente a sus militantes que son sujetos de actos de represión o de abusos del poder por parte del gobierno, de acciones de desprestigio y difamación para desacreditar su capacidad de crítica, de atentados físicos, a su patrimonio personal o familiar para intimidar el ejercicio de adversarios del régimen, también tenemos la alta responsabilidad de sancionar conforme a nuestras normas a todo aquel militante que se aparte de los principios éticos del partido”, expuso en rueda de prensa.

Por ello, advirtió, el PRI no va a solapar a ningún militante que viole la ley. Quien incurra en actos que trastoquen el derecho tendrán que enfrentar las consecuencias y el partido hará lo que corresponda a estatutos.

Si el gobierno tiene pruebas de que algún dirigente de sindicato u organización afiliado al PRI ha cometido el delito de extorsión y está vinculado a proceso penal, que precise quien es o quienes son para que de inmediato sean sancionados por el partido, demandó el exdirigente cenopista. 

Indico que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco establece en su artículo 9, apartado “A” fracción II, que sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa; la infracción a esta disposición será castigada con multa o cancelación del registro del partido político en los términos que establezca la ley.

“En consecuencia, en el PRI no hay sindicatos afiliados, no existe vinculación jurídica alguna como afirmó el gobernador entre sindicatos y el partido. Las afiliaciones corporativas a los partidos están prohibidas desde mucho antes de la reforma política del 2014”, aclaró.

“El PRI es un partido de 90 años de existencia, cuyo mayor legado ha sido acompañar al país en la construcción de sus principales instituciones y leyes. Quienes dirigimos al partido en las entidades federativas tenemos la amplia responsabilidad de vigilar y defender su legado y su prestigio. Esperamos que los tribunales nos den la razón jurídica como ya lo hemos logrado en otras materias en el propósito del gobierno de actuar al margen del derecho”, concluyó.

En esta rueda de prensa, celebrada en la sede estatal del PRI, el Presidente del partido, Pedro Gutiérrez Gutiérrez, estuvo respaldado por Miguel de la Cruz Ovando, secretario de Elecciones; Tila del Carmen Hernández Javier, secretaria de Gestión Social; Alma Delia de la Cruz Escalante, secretaria de Finanzas y Administración; Ernesto Jiménez Narváez, contralor; Beatriz Deyanira Ramón Contreras, secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil; Manuel Morales Morales, subsecretario de Gestión Social; Erika Medina Campos, secretaria Adjunta a la Presidencia; José Carlos Beaurregard Giménez, subsecretario de Deportes; Norma Alicia Beltrán Méndez, secretaria de Cultura; Rosario Vega Alvarado, subsecretario Adjunto a la Presidencia, entre otros liderazgos.