Gobierno paga al año 900 mil dólares a tres firmas calificadoras

Ciudad de México – Consecuencia de los “acuerdos” que mantiene la Secretaría de Hacienda con organismos financieros internacionales para mantener vigente su relación con al menos dos calificadoras, el gobierno mexicano paga anualmente 900 mil dólares a tres de las principales calificadoras. Estas instancias con las que el nuevo gobierno ha tenido una relación friccionada son: Moody´s; Fitch y Standard & Pours.

Al justificar la preservación y renovación de los contratos con estas instancias con las que ha tenido algunos desencuentros, el presidente, Andrés Manuel López Obrador aseguró que “podríamos ahorrarnos lo que cuesta pagarle a una. Pero no lo hacemos ni lo vamos a hacer porque no queremos que se piense que se está castigando o tomando represalias en contra de calificadoras; sería un muy mal mensaje para los mercados financieros”.

En una tarjeta informativa de la Presidencia de la República se da cuenta que “las agencias madan un panorama de la capacidad estructural y del entorno emisor para enfrentar los compromisos de pago”.

De igual formas, añade la Presidencia estas son firmas que dan servicios de análisis, evaluación y determinación de la calidad crediticia de una entidad (un gobierno para el casp) . Su función es informar al mercado sobre los riesgos reales que enfrentan los inversionistas.

En el primer caso, se trata de un contrato her3edado del gobierno de Enrique Peña Nieto que fue renovado en mayo de 2018.Entre 2017 y 2020, dicha calificadora recibirá 900 mil dólares.

Por su parte, Fitch renovó ayer el contrato con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para un periodo 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022 con un pago anual de 300 mil dólares en cada uno de los primeros dos años y 310 mil en el tercer año.

A su vez, en el caso de Strandard & Pour, se estima que el 25 de octubre será renovado el contrato bajo las mismas condiciones que Fitch.

Mire, hay acuerdos que tiene la Secretaría de Hacienda con organismos financieros, con bancos, para contratar a calificadoras, que puedan evaluar el desempeño económico, financiero del gobierno.

Tengo entendido que cuando menos se deben contratar a dos calificadoras, se les paga por eso. Nosotros tenemos contratos con tres; entonces, podríamos ahorrarnos lo que cuesta pagarle a una. Pero no lo hacemos ni lo vamos a hacer porque no queremos que se piense que se está castigando o tomando represalias en contra de calificadoras; sería un muy mal mensaje para los mercados financieros.

Podemos no estar de acuerdo con lo que dicen las calificadoras, como sucedió cuando bajaron la calificación por la situación petrolera y les reclamamos amablemente que no habían actuado con profesionalismo, porque se quedaron callados en el tiempo en el que prevalecía la corrupción en Pemex y se cayó la producción petrolera -sólo el año pasado en 200 mil barriles diarios- y no lo vieron; sin embargo, a nosotros que detuvimos esa caída nos bajaron la calificación.

Pero eso es propio de un gobierno democrático y de actitudes libres, no de sometimiento, ni de parte de las calificadoras ni de parte de nosotros. A lo mejor otros gobiernos se quedaban callados y no decían nada, pero nosotros mantenemos ese acuerdo con las calificadoras. (La Jornada)