Liberan a indígena zoque Silvia Juárez

Elio Henríquez/La Jornada l La indígena zoque Silvia Juárez Juárez, defensora comunitaria de derechos humanos e integrante del Movimiento en Defensa del Territorio Zoque, en resistencia civil y pacífica en contra de proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos y de minería en el municipio de Tecpatán, fue liberada el pasado 28 de marzo, luego de permanecer 35 días encarcelada, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
En un comunicado explicó que la activista fue puesta en libertad después de que el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, se desistió de la acción penal por los delitos de secuestro, daños y motín, “por considerar que al agente del Ministerio Público le faltaron elementos para acreditar los mencionados delitos”.
Aclaró que Juárez aún está sujeta a proceso, con la obligación de firmar ante Juzgado cada quince días, porque César Rodriguez Robles, Juez de Control, “consideró que existen elementos para acreditar el delito de daños”.
Sostuvo que horas antes de que Juárez quedara en libertad, el alcalde de Tecpatán Armando Pastrana Jiménez “promovió un amparo por el desistimiento de la PGJE, para evitar que la defensora comunitaria obtuviera su libertad, además de mantener denuncia en contra de otros 29 defensores comunitarios, ante el Fiscal del Ministerio Público con sede en Chiapa de Corzo, de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa”.
El Frayba recordó que Silvia, quien se encontraba recluida en el penal de El Amate, fue detenida el pasado 21 de febrero en Tuxtla Gutiérrez, acusada de participar en los hechos vandálicos ocurridos el 13 de febrero cuando decenas de pobladores participaban una protesta en contra la administración municipal de Tecpatán y para oponerse a proyectos mineros en ese lugar.
Añadió que “ante las amenazas de riesgo a su integridad y el hostigamiento reiterado en contra de las y los defensores del territorio zoque, Silvia Juárez no puede regresar a su hogar con su familia”, a pesar de haber sido liberada.
Para este Frayba, “la privación arbitraria de la libertad de Silvia Juárez y mantenerla bajo proceso, así como le liberación de órdenes de aprehensión en contra de otras 29 personas, son acciones de criminalización por su defensa de derechos humanos, como cuidadoras de la Madre Tierra, en contra de los intereses generados por la industria extractiva en la región zoque de Chiapas”.
Agregó: “Advertimos con preocupación que a pesar de los cambios en el sistema de justicia penal, en Chiapas se mantienen las prácticas de violaciones a garantías judiciales y protección judicial así como a la presunción de inocencia, que generan privaciones arbitrarias a la libertad”.

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