Por definir juez, situación legal del ex gobernador de Sonora

Ciudad de México l Hoy miércoles vence la duplicidad del término constitucional que solicitó el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, para que un juez federal defina su situación legal luego de que ha permanecido retenido cinco días en la zona de ingresos del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la Ciudad de México, tras las acusaciones en su contra sobre presunta defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De la misma manera, su hijo, Guillermo Padrés Dagnino, espera que el juez defina su situación jurídica luego de ser arrestado el mismo día que el ex mandatario, aunque éste fue ingresado a un penal federal en el estado de México.
Al respecto, el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de México, lo señala como probable responsable en la comisión de hechos que acreditarían los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El pasado 10 de noviembre, el ex gobernador acudió ante el Juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, para rendir declaración preparatoria en la causa penal 55/2016, en la que se libró orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en la comisión de hechos delictuosos que configurarían los delitos de defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República, las conductas imputadas son haber consignado en su declaración fiscal de 2015 ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos; así como transferir recursos del extranjero al territorio nacional con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita o representan el producto de una actividad ilícita, y pretender ocultar el origen, el destino y la propiedad de los recursos, en las mismas circunstancias.
A Padrés Elías también le fue cumplimentada una segunda orden de aprehensión librada por el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en el estado de México, por considerar acreditada su probable responsabilidad en la comisión de hechos que acreditarían los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por ello, un día después de su aprehensión acudió a una diligencia al Reclusorio Sur en donde vía conferencia se le anunció sobre dichas imputaciones, por lo que se negó a declarar y solicitó también la duplicidad del término constitucional.
No obstante, autoridades financieras de la Procuraduría General de la República detectaron cuentas del ex gobernador en el extranjero por 8. 8 millones de dólares, equivalente a 134 millones de pesos al tipo de cambio vigente en aquel entonces.
Por otra parte, se logró conocer que estos recursos no fueron declarados ante la autoridad fiscal federal.
El inculpado realizó movimientos financieros para ocultar los recursos, mediante transferencias de sus cuentas en el extranjero y de éstas hacía México, pretendiendo ocultar el origen público de los mismos.
A través de esta maquinación, pretendió ocultar el origen de estos recursos para introducirlos al sistema financiero aparentando que se trata de recursos lícitos.
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Posteriormente, dispersó los recursos a empresas controladas por el núcleo familiar en México con el fin de ocultar su origen; empresas que facturan operaciones simuladas.
En relación al aspecto financiero de la investigación, se logró detectar que en el gobierno del estado de Sonora, durante el periodo de 2009 a 2014, realizó licitaciones a modo para la adquisición de uniformes escolares para escuelas públicas, otorgando contratos a un grupo de empresas vinculadas con el ex gobernador por la cantidad de 260 millones de pesos.
Los referidos recursos provenientes del Gobierno estatal, una vez que sirvieron para fondear las cuentas bancarias de las empresas beneficiadas, el representante de las mismas transfirió parte del dinero a una cuenta concentradora, cuyos titulares fueron de manera conjunta un ex servidor público de nivel inferior del gobierno estatal y un familiar del ex gobernador.
De esta forma se detectaron depósitos por 178 millones de pesos, logrando documentar diversas dispersiones de los mismos a cuentas de familiares del ex gobernador.
Para el Gobierno del estado de Sonora las acusaciones están sostenidas en averiguaciones; la fiscalía anticorrupción local confirmó que, además del ex gobernador se investiga a ex funcionarios directos por diversos delitos.
El desfalco al estado suma más de 35 mil millones de pesos, por ello, en lo que va de la administración de la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, se han abierto 200 expedientes de investigación contra el gobierno de Guillermo Padrés Elías.