Ministros votan en contra de limitar libertad de expresión

Ciudad de México l La mayoría de ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se manifestaron en contra de limitar la libertad de expresión y avanzaron en el análisis del estudio de las acciones de inconstitucionalidad que impugnan artículos en materia de derecho de réplica.
Al respecto, al fijar su posición, el ministro José Ramón Cossío Díaz indicó que el derecho de réplica debe ser concebido e integrado como un derecho complementario y no contrario, en ningún caso, al derecho de libertad de expresión.
“Por lo mismo, al configurarse por legislación, debe buscarse conseguirse la máxima satisfacción de este derecho y no su restricción, pues sólo así se le da sentido al artículo 1º constitucional”, refirió el ministro.
En ese sentido, la mayoría ministros del máximo tribunal se pronunció porque el derecho de réplica no debe ser entendido como mecanismo reparador de agravios, sino como un mecanismo de tutela al equilibrio informativo, que requiere necesariamente que los datos o hechos falten a la verdad.
Asimismo explicaron que por su origen, por su forma de presentación o por su ubicación en los espacios dispuestos en un medio de comunicación, den la apariencia de objetividad cuando en realidad inducen a conclusiones equívocas o incompletas al haberse presentado de manera selectiva o haberse omitido información relevante.
En ese sentido, coincidieron, el derecho de réplica solamente puede ejercerse frente a datos y hechos y no frente a opiniones, ideas o puntos de vista, aun cuando las mismas puedan resultar ofensivas, chocantes o vejatorias.
“Si fuera posible responder a todas las opiniones o críticas que se plantean en un medio de comunicación, más allá de las informaciones falsas y agraviantes, se desvirtuaría la dirección editorial de columnistas y periodistas, ya que se verían obligados a conceder todos los pedidos de respuesta o réplica que recibieran en función de un elemento tan subjetivo como sentirse agraviado, ofendido o vejado”, aseveró el ministro Cossío Díaz.
Por lo mismo y con independencia del ejercicio de las acciones civiles y penales que la población tiene expeditas y garantizadas, lo anterior silenciaria voces y se domesticaría indebidamente el debate nacional.
Y es que el proyecto, presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, hace una interpretación para que las réplicas sólo procedan cuando la información sea falsa o inexacta o agraviante, entendiendo agraviante cuando en las notas de hechos se usan palabras que injurien, humillen o vejen.
En tanto, la ministra Beatriz Luna se pronunció en contra del proyecto del ministro Pérez Dayán.
Con ella coincidieron la ministra, Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Primera Sala, el ministro José Franco González, y el ministro Eduardo Medina Mora.
En su oportunidad el ministro Arturo Zaldívar, consideró que la ley tiene vacíos.
Los ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retomaron hoy la revisión sobre eventuales modificaciones a la Ley del Derecho de Réplica. Sin embargo el debate de estos alcances se retomará en la próxima sesión pública del Pleno y su votación, en contra de dicho planteamiento del proyecto, se daría por vía mayoritaria.
La SCJN levantó la sesión sobre la discusión de la ley, y continuará el próximo jueves 9 de noviembre.
Por mayoría de siete votos la SCJN legitimó el, lunes, su derecho a los partidos políticos de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de promover la acción de inconstitucionalidad 122/2015 y sus acumuladas 124/2015 y 125/2015, que impugnan algunos considerandos de la reglamentación de la Ley de Réplica.
Para algunas organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre otras, el proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, podría atraer una mayor debilidad al ejercicio periodístico.
De acuerdo con el artículo tercero de la Constitución mexicana establece que una persona tiene derecho de réplica, cuando un medio publica “información inexacta o falsa”, una disposición que la propuesta de reforma eliminaría.
La propuesta incluiría el derecho de réplica de organismos electorales como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.