Saldrán 50 mil reos en 6 meses: Sales

Ciudad de México l El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, informó que ya se trabaja en la liberación de entre 45 y 50 mil personas presas, quienes se beneficiarán de las reformas en materia penal y quedarán libres en los próximos seis meses para continuar su proceso en libertad, sobre todo ”para darles oportunidades laborales”.
Enfatizó que de aquí a seis meses, un aproximado de 230 personas al día quedarán libres con la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, es decir siete mil personas al mes.
De acuerdo a la reciente aprobada Ley Nacional de Ejecución Penal, solo aquellas personas que estén sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, homicidio, secuestro, violación, delitos cometidos con arma de fuego, o explosivos, y trata de personas no tendrán el beneficio de la libertad, solo aquellos que estén acusados de delitos como fraude, robo de hidrocarburos, delitos fiscales, lavado de dinero, portación de armas, hurtos no violentos, todos los ilícitos de servidores públicos, falsedades (de documentos, de declaración, etcétera) o delitos menores de droga.
En entrevista, el funcionario federal destacó que tenemos que, entre todos, reunir información suficiente para darles oportunidades laborales a estas personas (presos), que van a salir de prisión, que están saliendo de prisión. “ya hicimos el cálculo, van a ser cerca de 45 mil o 50 mil personas en todo el país que van a poder gozar del beneficio de la libertad en los próximos seis meses”.
De acuerdo al Artículo Decimo transitorio, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, podrán acceder al beneficio de libertad anticipada todas las personas que hayan sido sentenciadas con penas privativas de la libertad por robo, cuyo valor de lo robado no exceda de 80 veces la Unidad de Medida y actualización, y cuando en la comisión del delito no haya mediado ningún tipo de violencia, o la comisión del delito de posesión sin fines de comercio o suministro, de Cannabis Sativa, Indica o Marihuana.
También señala en su capítulo cinco que la autoridad penitenciaria, podrá solicitar al Poder Judicial de la Federación o ante el Tribunal Superior de Justicia la conmutación de pena, al tratarse de un delito cuya pena máxima sea de cinco años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia; se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o de delitos culposos; por motivos humanitarios cuando se trate de personas sentenciadas adultas mayores, portadoras de una enfermedad crónico-degenerativa o terminal, independientemente del tiempo que lleven compurgando o les falte por compurgar de la sentencia.
Asimismo, cuando se trate de personas sentenciadas que hayan colaborado con la procuración de justicia o la autoridad penitenciaria, y no hayan sido acreedoras a otra medida de liberación; y cuando se trate de delitos de cuyo bien jurídico sea titular la federación o la entidad federativa.
Sales Heredia informó que ya se trabaja en la liberación de entre 45 y 50 mil personas, quienes se beneficiarán de las reformas en materia penal y quedarán libres en los próximos seis meses para continuar su proceso en libertad, sobre todo ”para darles oportunidades laborales”.
Sales Heredia, señala que la Ley Nacional de Ejecución Penal a nivel federal “garantiza la dignidad de las personas privadas de la libertad. Se debe tratar de impulsar, desde el ámbito de su competencia, que el respeto a los derechos humanos sea auténtico, sea real y que el principio de dignidad que rige todo el espíritu de esta ley se aplique en la práctica”.
El comisionado ha señalado en diferentes foros, los siete ejes bajo los cuales está articulada la implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal en el Sistema Penitenciario Federal, que son: aumentar el número de operativos de supervisión en los centros, con la finalidad de garantizar la gobernabilidad y disminuir la sobrepoblación en los penales; mejorar la infraestructura penitenciaria; fortalecer la estructura tecnológica de los centros; consolidar la capacitación y profesionalización del personal penitenciario; estandarizar los procesos y procedimientos del sistema penitenciario nacional y desarrollar un sistema integral de reinserción social.