Criminalizar a activistas, tendencia en AL: ONG

Ciudad de México l En los últimos años, la criminalización de defensores de derechos humanos en el contexto de la política global de extracción de recursos naturales y de megaproyectos ha mostrado una tendencia generalizada en América Latina, aseguró la Federación Internacional de Derechos Humanos.
En un informe sobre las condiciones que enfrentan y viven los defensores de derechos humanos en ocho naciones latinoamericanas, entre ellos México, se denuncia que la acción penal que se ejerce en contra de los activistas proviene de autoridades locales y federales, policías estatales y autoridades encargadas de la procuración de justicia, quienes trabajan de manera coludida con empresas, regularmente transnacionales, y terratenientes.
El reporte, elaborado junto con la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), da cuenta de la situación que enfrentan los defensores de derechos humanos en Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú, destaca que se da en un contexto de extracción de recursos naturales y de megaproyectos.
En los casos documentados por el informe, éstos defienden derechos relacionados a la tierra y al territorio y a grupos vulnerables, como comunidades indígenas, afro, rurales y campesinas, que deben enfrentar una “política global de despojo”.
En México, el informe fue presentado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y media docena de representantes de organizaciones de derechos humanos que presentaron, de manera particular, la situación que enfrentan en contra de diversos proyectos mineros, hidráulicos, inmobiliarios, eólicos y de infraestructura, entre otros.