Ciudad de México l El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura condenó a México por las torturas cometidas contra cuatro hombres por parte de elementos del Ejército en Baja California en junio de 2009.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Amnistía Internacional (AI) y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad señalaron que se trata de un hecho histórico en el combate contra este problema en el país, que día a día va creciendo.
Madeleine Penman, de AI recordó que las quejas por tortura aumentaron en México, entre 2003 y 2013, 600 por ciento, mientras José Guevara, director Ejecutivo de la CMDPDH, especificó que las denuncias ante la Procuraduría General de la República, por esos hechos, suman más de 4 mil, de las cuales mil son imputables a militares.
El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura concluyó en el caso mencionado que “México violó” artículos de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanos o Degradantes. Por lo tanto, “el Estado mexicano es responsable de haber cometido tortura en contra de las cuatro víctimas”: Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villarreal y Ramiro López Vázquez.
Estas personas según narraron las organizaciones anteriormente citadas en conferencia de prensa fueron detenidos sin orden de aprehensión en Playas de Rosarito como principales sospechosos de un secuestro.
Durante su arresto, traslado y arraigo en instalaciones militares del 28 Batallón de Infantería, ubicadas en Tijuana, fueron sometidos repetidas veces a actos de tortura y malos tratos, incluyendo golpes, descargas eléctricas, simulación de ahogamiento con bolsas de plástico, extracción de uñas y amenazas de muerte, “con el fin de forzarlos a auto inculparse de los delitos de secuestro y posesión de armas”.
El Comité Contra la Tortura instó a las autoridades mexicanas a liberar de manera inmediata a las víctimas; iniciar una investigación exhaustiva y efectiva sobre los hechos de tortura; procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a los responsables de las violaciones cometidas.
También, conceder una plena reparación, incluida una indemnización justa y adecuada a las víctimas y sus familiares, así como una rehabilitación lo más completa posible a las primeras.
Asimismo, eliminar la figura del arraigo y ajustar el Código de Justicia Militar en términos de las sentencias pronunciadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para asegurar que toda violación a los derechos humanos sea competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria o civil.
