Juan de Dios García Davish/Quadratín Chiapas/Chalchihuitán.- Habitantes de 38 comunidades tzotziles de esta localidad, reforzaron la vigilancia para evitar que el Síndico Municipal, Hermelindo García Núñez introduzca armas o atente contra la vida de los pobladores.
Los representantes de los tzotziles, Marcos Pérez Gómez y María Pérez explicaron que tienen la sospecha de García Núñez pretende introducir armas para intimidar a los pobladores quienes formalmente solicitaron la desaparición de poderes municipales.
Pérez Gómez y María Pérez dieron a conocer que desde hace varios días, el subdirector del Órgano de Fiscalización del Auditoria Superior del Estado, Rosemberg Pinto Rodríguez realiza una exhaustiva investigación de los recursos municipales para determinar la gravedad de las irregularidades.
Según Pérez Gómez, García Núñez ha cometido desvío de recursos, abuso de poder, violación a los derechos humanos, amenazas de muerte, entre otros delitos, en complicidad con la presidente municipal, Margarita Díaz García.
En la petición para la destitución de los poderes municipales, también argumentan compra de vehículos para su constructora de dudosa procedencia. La adquisición de dos bancos de arena y piedra para abastecer a su propia constructora de materiales, en la adjudicación que el mismo realiza de obras públicas.
En lo concerniente a la violación de los derechos humanos, lo acusan de ordenar la destrucción y quema de campamentos en donde vivían indígenas tzotziles desplazados.
Otro de los puntos que argumentan los inconformes para exigir la renuncia es por la desaparición de patrullas, camiones y vehículos de Protección Civil, Quadratín Chiapas constató que las oficinas que se localizan en la presidencia municipal se encuentran cerradas y con sellos de los representantes de las 38 comunidades que conforman el municipio de Chalchihuitán, para evitar nuevos saqueo.
En la planta baja, decenas de representantes de las comunidades montan guardia, como medida de seguridad Aún costado, la policía municipal realiza operativos de vigilancia a pie, carecen de patrullas y no les han pagado desde hace dos meses.