• La FGE estará atenta a la incidencia delictiva en materia ecológica que se realiza a través de los incendios
• El delito de ecocidio se castiga con cinco a 12 años de cárcel y de 2 mil a 20 mil días de salario mínimo
La Fiscalía General del Estado (FGE) se suma al “Pacto Estatal para la Prevención y Combate de Incendios 2019”, que encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, con el objetivo de prevenir y sancionar los daños al patrimonio ecológico del estado causado por los incendios forestales, agrícolas y urbanos.
A través de este pacto, los tres niveles de Gobierno, sociedad civil, brigadistas institucionales y voluntarios trabajarán por la defensa de la biodiversidad en el territorio chiapaneco, principalmente en los municipios con mayor incidencia.
Por instrucciones del fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Ambientales (FEPADA) comenzó una campaña con temas relativos a la prevención de incendios, haciendo énfasis en la declaratoria estatal preventiva de roza y quema durante la presente temporada de estiaje.
Asimismo, invitó a las autoridades ejidales a coadyuvar en la prevención de incendios forestales para evitar daños al ecosistema, al tiempo de puntualizar que el ilícito de incendio forestal constituye un delito grave y una infracción a las leyes que dan lugar a una sanción penal o administrativa.
La Fiscalía Ambiental trabaja de manera interinstitucional para velar por la defensa de la biodiversidad en el territorio chiapaneco, por lo que participó en este evento exponiendo temas de prevención del delito ambiental, promoviendo la cultura ecológica y mecanismos de denuncia a través del número gratuito 911.
El ilícito de incendio forestal se encuentra sancionado en el artículo 457 del Código Penal del Estado de Chiapas, el cual señala que comete el delito grave de ecocidio quien ocasione incendios en bosques, selvas, parques con áreas forestales, áreas naturales protegidas, suelos de conservación, barrancas y áreas verdes en suelo urbano o rural, mismo que se sancionará con prisión de cinco a 12 años y de 2 mil a 20 mil días de salario mínimo.
Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado que encabeza Jorge Luis Llaven Abarca garantiza el Estado de derecho y el cuidado del patrimonio ecológico de las y los chiapanecos.
