El Frente Feminista Nacional (FFN) en defensa del presupuesto etiquetado 2018
Aglutinadas desde el 2016 en el Frente Feminista Nacional, mujeres de diversas corrientes ideológicas, se unieron y levantaron la voz, para exponer sus preocupaciones, sobre el recorte al gasto destinado a las mujeres, para abatir y enfrentar las desigualdades, y mejorar sus condiciones de vida. Demandaron revertir la tendencia negativa, respecto al desangelado presupuesto para el 2018 destinado en el ramo 13 del PPEF sobre 0.5% que con respecto al 2017, su incremento es del 0.2, y proponen para su vigilancia, ejecución y seguimiento la creación de una contraloría ciudadana que vigile y acompañe el gasto etiquetado en ese ramo.
En ese sentido y en conferencia de prensa, las feministas demandaron al Congreso de la Unión etiquetar 20 millones de pesos para la creación de la contraloría, en cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres, recurso que sería administrado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Misma que deberá surgir de una iniciativa de ley, así como la prioridad es darle seguimiento a las Alertas de Violencia de Género, porque han disminuido y solo se han activado pocas.
“El país entero está en alerta de género”, se dijo, pero hay que reconocer que es el 34% del territorio nacional que tiene AVGM, es decir 11 entidades federativas. Los observatorios ciudadanos que han apoyado en el seguimiento a los recursos públicos, porque no hay capacidad del Estado para hacerlo, es otra de las acciones que reforzaran las feministas, procedentes del Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Morelos, Michoacán Jalisco, San Luis Potosí, Tlaxcala, Tabasco y de la Ciudad de México
La razón de levantar la voz en representación de las mexicanas es evitar que los recursos etiquetados para atender las desigualdades de género siguen mermando, como ya se vislumbra para el 2018. Las feministas de nuevo enfrentan al sistema, un sistema que tiene como bandera articulada, de primera reacción, los desastres del sismo del 7 y 19 de septiembre, aunado a los escándalos que, de efecto directo, que no colateral, se llevan al Presidente Peña Nieto, con el escándalo de la empresa Odebrecht, más allá del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y por otro lado, el turbulento proceso electoral que se lleva a Santiago Nieto, el hoy sacrificado de la FEPADE.
Hay temas “prioritarios” como los arriba señalados, mientras que los compromisos que México asumió desde 1981 al aceptar integrarse a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), que en el informe sombra, además, le plantea a México subsanar las desigualdades desde educación, salud y salarial.
Si el anexo del Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación (PPEF) es hacer efectivo los sistemas de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, y la prevención de la muerte materna (MM), y la atención a la salud sexual y reproductiva, para cerrar las brechas de desigualdades, aunque en el 2017 este tuvo un incremento general de 0.3% redistribuidos en las principales programas de acuerdo al criterio de hacienda, si cerro programas y disminuyo el recurso en áreas de suma importancia, por ejemplo en los programas de la Secretaria de Educación.
El gobierno mexicano simplemente debe cumplir con el articulo 24 del Programa de Igualdad entre hombres y mujeres que señala el cumplimiento en comento, así como las estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013- 2018, donde el Ejecutivo Federal debe impulsar, de manera transversal, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a través de la incorporación de la perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres en el diseño, elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de resultados de los programas de la Administración Pública Federal.
Recuerdo que el recurso destinado desde la Secretaria de Hacienda, primero a las exigencias del movimiento feminista para atender las sugerencias fueron acreditándose y ganando terreno en los recursos designados para atender la política de igualdad.
En ese sentido, el Frente Feminista Nacional, sostuvo en conferencia de prensa que “El Estado mexicano, con el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año, invierte únicamente 19.50 pesos en cada mujer para disminuir las brechas de desigualdad en relación con los hombres.
Un comunicado emitido por el FFN, luego de su reunión en San Lázaro donde estuvieron las diputadas Hortensia Aragón Castillo (Partido de la Revolución Democrática), Candelaria Ochoa Ávalos (Movimiento Ciudadano), Concepción Villa González (Morena), Lía Limón García (Partido Verde Ecologista de México), Laura Plascencia Pacheco y Fabiola Rosas Cuautle (Partido Revolucionario Institucional), el Frente demandó revertir esa tendencia así como la creación de una contraloría ciudadana que vigile y acompañe el gasto etiquetado en ese ramo.
Lo anterior, toda vez que sostienen que “las reducciones de recursos al el Anexo 13: Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) ponen en riesgo los avances en materia de salud, acceso a una vida libre de violencia para las mujeres y la igualdad entre mujeres y hombres en México.
En comentario de Lourdes García Acevedo, integrante de la Coordinación Nacional del FFN, señaló que con esa reducción no se cumple el carácter de irreductibilidad y progresividad del gasto etiquetado. Por ello proponen el acompañamiento de parte de la sociedad civil organizada en el análisis, planeación y ejecución del proyecto de egresos de la federación, a través de una contraloría ciudadana.
Esa figura, dijo, “es un ejercicio democrático de participación ciudadana que vigila, valora y evalúa los procesos y resultados del quehacer gubernamental, incluido el marco normativo, planeación, programación y uso del presupuesto público y la aplicación de las políticas públicas, además del acceso a la información pública, la transparencia y rendición de cuentas de parte de las instituciones y organismos públicos, de acuerdo con el documento presentado a las legisladoras federales.”
