La “protección” bajo escrutinio
Argentina Casanova*
Una persistente demanda al Estado Mexicano es la protección de la vida de las mujeres que denuncian violencia. Se exigieron medidas y órdenes de protección para salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres que vivían amenazas de violencia y se implementaron mecanismos para demandar prevención del feminicidio. Esas medidas se adoptaron con resistencias y estas, en la mayoría de los casos, se traducen hoy en mujeres que fueron asesinadas aún después de pedir protección al Estado.
Como pocas veces, he perdido la capacidad de hablar y escribir sobre la violencia, se trata de los tiempos, los momentos y los golpes que recibimos cada día con la noticia de que han matado a una mujer, una más en la cuenta que sólo nosotras llevamos.
Pero la realidad que vivimos nos obliga a mirar objetivamente o al menos tratar de ver las partes del todo, nos lleva a poner sobre la mesa un matiz grave de una problemática añeja: el Estado es incapaz de garantizar el más elemental derecho a la vida para las mujeres en México. No bastan las medidas o las órdenes de protección, en tanto no haya voluntad de garantizar el derecho a una vida libre de violencia.
Algunos casos de feminicidio, triste y desgraciadamente, terminan por convertirse en casos paradigmáticos que sirven para evidenciar la grave omisión del Estado en garantizar la protección de la vida de las mujeres. Y no solo es una autoridad, ni una sola falta, sino una cadena de sucesos que ocurren a los ojos de muchas personas y que, como un tren que avanza hacia el precipicio, todos ven y saben cuál será el destino final si algo no cambia esa ruta. Pero aun así y a los ojos de toda la sociedad ocurren esos casos de feminicidio.
Recientemente dos eventos cimbraron a la opinión pública, muy especialmente a la Península de Yucatán, y evidenciaron que pese a todo lo que se informa y se dice en números positivos sobre el otorgamiento de las órdenes de protección, que aún falta por entender el sentido de la protección y la prevención de la violencia.
Casi en forma simultánea, en los últimos días se registraron dos feminicidios en la Península, los cuales tenían en común que se trataba de mujeres que habían solicitado la protección al Estado mexicano a través de sus instituciones, ambas mujeres vivían acosadas por la violencia de sus ex parejas.
Gabriela y Aracely son los nombres de las mujeres que tuvieron en común que la autoridad no logró garantizarles el derecho fundamental a vivir libre de violencia, una violencia que en México cobra 7 vidas de mujeres diariamente, que se acumulan en un largo listado en el que advertimos cierta intención de que la resignación y el olvido las alcance a todas.
Pero el olvido no llega para las madres de estas mujeres que no mueren sino que son asesinadas después de meses o años de lucha por defender su vida.
Y todas nos duelen, todas y cada una. Que no vengan a decirnos que unas nos importan más que otras. Nos duele la joven asesinada en Quintana Roo que había pedido medidas de protección y no se las dieron, como Dahine en Ciudad del Carmen, hace 2 años, y a quien no olvidamos y por quien seguimos clamando justicia.
Nos duele Gaby, a quien sin conocerla la nombramos así para hablar de ella y llevar su voz pidiendo justicia, protección, nos unimos muchas, hablamos muchas mujeres, defensoras, periodistas, abogadas, intentamos darle voz, pero todas nuestras voces juntas no pudieron hacer que fuera escuchada.
Nos duele, nos pesa, nos arde en el cuerpo y en el alma el dolor de su madre, doña Ligia.
Nos duele y compartimos el dolor en el corazón de la compañera defensora que las ha acompañado desde el primer momento, sin importar si alguien más les creía y les cerraban todas las puertas y las dejaban solas.
Hoy el pueblo de Mérida se ha unido al reclamo de justicia, justo es abrigar y abrazar a quien dio su vida exigiendo justicia frente a un sistema corrupto en el que prevalece la impunidad. En un país en donde quien tiene dinero es quien compra jueces y conciencias.
El asesinato de otra mujer en similares condiciones ocurrió el 25 de marzo pasado, en Chetumal, Quintana Roo. Ella fue víctima de su esposo, un agente de la policía estatal y también había solicitado y obtenido una Orden de Protección. Pero a pesar de contar con esta medida, no se tomaron las acciones para prevenir, debido al riesgo evidente, ya que el policía portaba armas y agudizaba el contexto de riesgo y violencia feminicida.
Quizá parezca exagerado, pero nosotras sentimos que al matar a Gaby nos han matado un poco a todas. Y lo han hecho porque todas sabemos que a pesar de la lucha, a pesar de la valentía y la resistencia, a pesar de pedir y exigir protección al Estado mexicano, puede venir alguien mandado por la ex pareja y pague por asesinar a una mujer que peleaba y defendía sus derechos, y eso nos muestra la vulnerabilidad e incapacidad del Estado por proteger la vida de las mujeres.
La pregunta es: ¿si el Estado y sus instituciones, si las órdenes de protección, si la policía no puede proteger ni garantizar el derecho a una vida libre de violencia, entonces qué nos queda a las mujeres que vivimos en este país feminicida?
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
