Salamanca l El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dio el primer paso para impugnar ante el Tribunal Constitucional la declaración independentista aprobada ayer lunes en el Parlamento de Cataluña gracias a la mayoría absoluta de los partidos secesionistas.
“El gobierno no va a permitir que esto continúe. Estamos decididos a utilizar todos los medios que el Estado de derecho ha puesto a disposición de la democracia para defenderla”, dijo en una declaración institucional ofrecida desde Béjar, en Salamanca.
El mandatario solicitó al Consejo de Estado que emita en 24 horas un dictamen para la interposición de un recurso ante el Constitucional.
Según avanzó, el Consejo de Ministros le dará el visto bueno hoy martes y el miércoles será presentado ante el alto tribunal.
“Solicitaré la inmediata suspensión de esta iniciativa y de todos sus posibles efectos”, dijo Rajoy, quien aclaró que pedirá que esto se comunique a la presidenta del Parlamento catalán, la independentista Carme Forcadell, para que sepa que la resolución “no tiene ningún valor ni ninguna consecuencia”.
“Éste es el primer paso. Me gustaría que fuera el último pero no depende de quienes defendemos la convivencia sino del empeño inútil de quienes la están atacando”, puntualizó.
Rajoy avanzó también que hoy martes se reunirá en La Moncloa con el líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, quien dijo que la resolución independentista supone el “mayor desafío al orden constitucional de España”.
La coalición secesionista Junts pel Sí (Juntos por el Sí), impulsada por el actual jefe del gobierno catalán, Artur Mas, y el partido anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP) obtuvieron la mayoría absoluta de escaños en el Parlamento de Cataluña en las elecciones del 27 de septiembre, convertidas en un plebiscito independentista.
Hace unos días, ambas formaciones pactaron una resolución para abrir un proceso constituyente que siente las bases de un “Estado catalán independiente en forma de república”.
Entre otros puntos, el texto aprobado contempla que en un plazo máximo de 30 días se inicie la tramitación de “las leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública” en la región, de 7.5 millones de habitantes.
