Daniel Osvaldo Sánchez
“El compromiso es la respuesta valiente de quienes no quieren malgastar su vida sino que desean ser protagonistas de la historia personal y social”: Juan Pablo II
Un monologo, con respuestas y compromisos indefinidos fue la segunda reunión, entre el inquilino de la Residencia Oficial de Los Pinos y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, donde en esta ocasión –a la de hace 11 meses- fue distinta.
A un año sin saber dónde están sus hijos, las familias llegaron a la reunión con dos objetivos: preguntarle frente a frente (Enrique Peña Nieto) por qué su gobierno sostuvo la mentira histórica durante siete meses y exigirle el cumplimiento de ocho demandas.
Sin embargo, los padres calificaron de infructuosa la reunión que fue a puerta cerrada y que duró tres horas –la mitad de la primera–. Salieron sin algún acuerdo firmado, sin la promesa de cumplir sus exigencias, sin recibir siquiera la empatía del Presidente y su gabinete, quienes fueron fríos e insensibles en todo momento, de acuerdo con los familiares de los estudiantes desaparecidos. En resumen: no tuvo caso verlo, diría Felipe de la Cruz, vocero de los padres.
Vayamos a la historia que no se le ve un epilogo concreto, amigo lector, las familias de los estudiantes desaparecidos llegaron en tres autobuses poco después del medio día del jueves al Museo Tecnológico de Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el Bosque de Chapultepec, en el Distrito Federal. Sin celulares, pasaron dos arcos detectores de metales.
Tras el protocolo de bienvenida de Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Segob y de las diversas demandas y exigencias de los padres de familia; el Ejecutivo Federal tardó unos 20 minutos para leer un discurso retorico sin respuestas concretas.
A decir de varios padres de los normalistas desparecidos, Peña Nieto calificaría a la verdad histórica que diera a conocer el ex procurador Jesús Murillo Karam, como una hipótesis, lo mismo que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y, por eso, el expediente seguía abierto.
El punto más álgido del encuentro, según los testimonios de los familiares, ocurrió cuando el Presidente informó la creación de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas dentro de la PGR. Fue ahí cuando los padres lo interrumpieron.
“Le pedimos que diera respuesta puntual a la unidad especial de investigación, pero él dijo que eso lo abordáramos con la PGR que ya tenía instrucciones y ahí él prefería no dar respuesta. Ahí se volvió ríspida la reunión y por eso nos paramos”, narraría Vidulfo Rosales, abogado de los padres.
Ante ello, Felipe de la Cruz pidió que el Presidente firmara sus promesas porque de palabra no nos sirve; “papelito habla”. Quien respondió a esto fue Osorio Chong, al señalar que se redactaría una minuta sobre el encuentro. Ante la tensión, la reunión terminó a las 16:30 horas sin ningún documento firmado, ni el acuerdo de un próximo diálogo.
Tras la reunión, la vocería del gobierno de la Presidencia, en conferencia de prensa, enumeraría los compromisos establecidos por Peña Nieto ante los padres de los normalistas, entre los que está invitar al doctor José Torero a participar en un tercer peritaje sobre los hechos ocurridos en el basurero de Cocula.
Quizá este fue, amigo lector, el único compromiso nuevo formulado por Peña Nieto en esta segunda reunión con familiares de los normalistas, ya que los otros cinco ofrecimientos ya habían sido establecidos por el titular del Ejecutivo. Entre esos compromisos ya conocidos están:
Ampliar por otros seis meses la estancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en México, para que puedan continuar con su investigación sobre los hechos de Iguala; garantizar a todos los afectados acceso a mecanismos de atención a víctimas; integrar las observaciones del GIEI a las investigaciones que realiza la PGR; crear una fiscalía especializada en búsqueda de personas desaparecidas, al interior de la misma Procuraduría.
En contraste, a decir de los padres de familia, los ocho puntos que presentaron, Peña Nieto no se comprometió al cumplimiento de ninguno. Las ocho exigencias de las familias de los normalistas:
Que el gobierno federal reconozca la legitimidad del movimiento de familias; que acate las observaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes; que se dé atención digna e inmediata a los sobrevivientes de los ataques de Iguala, así como a las familias de todos los afectados; que cese la campaña de criminalización de los normalistas de Ayotzinapa; que haya una actitud respetuosa hacia las familias al darse a conocer actualizaciones del caso; que se aplique de forma inmediata tecnología de punta para la búsqueda de los estudiantes.
Así como que se cree una unidad especial dentro de la PGR; que se encargue de investigar no sólo el paradero de los alumnos y la identidad de sus atacantes, sino también que vaya en contra de los funcionarios que a lo largo de este año han entorpecido y boicoteado la investigación.
Las familias de los normalistas desaparecidos aclararon que no se oponen a la creación de una fiscalía que investigue todos los casos de desaparición forzada en el país, pero advirtieron que ése es un proceso que las autoridades deben realizar en coordinación con todas las familias de víctimas de México, no sólo con las víctimas de Ayotzinapa, y siempre al tenor de la Ley General contra la Desaparición Forzada, ordenamiento legal que ni siquiera se ha terminado de discutir en el Poder Legislativo.
El Presidente de la República no se comprometió a cumplir ninguna de estas exigencias y, tal como reconoció su vocero Eduardo Sánchez Hernández, no se estableció ningún plazo perentorio para que Peña Nieto responda, al menos, si acepta o rechaza las demandas de las familias de los estudiantes desaparecidos. Como siempre le digo, amigo lector, su opinión es la que cuenta.
Tintero de la quimera… Ante la amenaza de bloquear la toma de protesta en 37 alcaldías chiapanecas, incluyendo a la ciudad coneja y a la víspera de cambio de autoridades municipales en las 122 alcaldías chiapanecas, el amigo Juan Carlos Gómez Aranda ha refrendado, una vez más, que los nuevos Ayuntamientos cuentan con el respaldo irrestricto del Gobernador Manuel Velasco Coello, sin importar banderas o colores políticos y que quienes concluyen su administración, deben entregar cuentas claras a sus gobernados… A decir del secretario General de Gobierno, las y los chiapanecos de hoy saben que la democracia va más allá de los procesos electorales y tiene que ver también con la vigilancia del ejercicio gubernamental por parte de la ciudadanía… Desde el punto de vista del responsable de la política interna del estado, la sociedad chiapaneca siempre ha estado despierta y ha demostrado a lo largo de la historia su interés por participar en las transformaciones de su estado y del país… Lo que ocurre, agregaría el experimentado político chiapaneco, es que la sociedad está asumiendo una mayor observación y participación en los asuntos públicos, especialmente en lo que hace a la exigencia de transparencia y rendición de cuentas… Gómez Aranda recordaría que se ha tenido a lo largo de la historia varios episodios donde los chiapanecos han establecido un antes y un después en el país… Pero, hoy, en su opinión, las y los chiapanecos estamos ante nuevas formas de participación ciudadana, que se deben interpretar correctamente, sin apasionamientos, en su justa dimensión, con exactitud histórica, con mucha sensibilidad política… El ejercicio de un mayor escrutinio social de los asuntos gubernamentales, llegó para quedarse, advertiría… Así que más vale que las autoridades y servidores públicos sean conscientes y actúen en consecuencia con mayor transparencia, remataría el político chiapaneco… Se dice, amigo lector, que los focos de alerta se activaron en la capital chiapaneca, luego de que los magistrados de la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) legitimaron la elección para la presidencia de Tuxtla Gutiérrez del pasado 19 de julio y ratificaron a Fernando Castellanos Cal y Mayor como alcalde, esto durante la sesión pública de Pleno realizada la noche del miércoles pasado… 12 horas antes de cumplirse el plazo, el proyecto de sentencia fue leído y votado a favor por unanimidad… En el resolutivo expuesto se deja en claro que en los expedientes de impugnación presentados fueron improcedentes… Con esa determinación, amigo lector, la validez de la elección del 19 de julio pasado emitida por el Tribunal electoral local, fue ratificada por el TEPJF, haciéndose respetar la voluntad de los capitalinos que emitieron su voto… Hasta la próxima entrega…
