Elio Henríquez/La Jornada/San Cristóbal de Las Casas, Chis. – Cuatro familias desplazadas en octubre de 2023 de la comunidad de Lacanjá Chansayab, municipio de Ocosingo, por grupos del crimen organizado, pidieron la intervención de las autoridades federales y estatales para que se facilite su retorno o que las indemnice.
En un documento afirmaron que las cuatro familias se tuvieron que desplazar forzosamente porque quedarse en la comunidad implicaba “aceptar trabajar para los grupos de la delincuencia, sobrevivir extorsionados, pagarles su impuesto como derecho de piso y participar de sus actividades ilícitas funcionando como base social, como sus policías y participar en sus movilizaciones como bloqueos y hacernos cómplices de sus delitos”.
Lacanjá Chansayab, que se ubica en la selva Lacandona, fue escenario del domingo pasado de un operativo realizado por varios cientos de elementos de las fuerzas federales y estatales en contra del grupo criminal que opera en zona, con resultados de 20 personas detenidas, cuyo líder, Segundo Cabrero López, logró escapar y por cuya captura la Fiscalía General del Estado ofrece 500mil pesos de recompensa.
“Queremos recuperar lo que es nuestro, lo que construimos con nuestras familias que es nuestro patrimonio, esfuerzo del trabajo de muchos años, décadas y nuestro patrimonio de por si es milenario. Todo esto se ha quedado en manos de los delincuentes, pero no nos resignamos a esta situación y queremos recuperar nuestros bienes y que nos paguen los daños y pérdidas causadas por el desplazamiento que sufrimos”, dijeron las cuatro familias.
Agregaron: “Tenemos derecho al pago por servicios ambientales, ya que hemos sido responsables del cuidado de la selva y aunque hemos sido desplazados de nuestra comunidad tenemos derecho a ese recurso, que, usurpando nuestro nombre el crimen organizado ha cobrado la parte de que nos corresponde”.
Recordaron que el día 12 de octubre del 2023 “quedaron abandonadas nuestras casas, negocios familiares como tienditas, un pequeño hotel, un restaurante y nuestros vehículos, además de dejar atrás nuestras milpas y huertos. Nuestros inocentes animalitos fueron cruelmente asesinados por los violentos de la comunidad como un acto de intimidación y advertencia en contra nuestra”.
Las cuatro familias están refugiadas en la vecina comunidad de Nueva Palestina, “donde compañeros comuneros generosamente aceptaron recibirnos, sin que hasta la fecha el gobierno en sus tres niveles haya hecho algo para apoyarlos o procurar su retorno”.
Señalaron que sufren “el desplazamiento de nuestros territorios de origen y el despojo de nuestro patrimonio; por la falta de salud, educación y alimentación, lo cual está dejando fuertes secuelas traumáticas en nuestros niños y niñas, que comienzan a padecer desnutrición, por lo que es muy preocupante nuestra situación”.
Pidieron al gobierno que “haga valer nuestro legítimo derecho a la propiedad, al bienestar, al disfrute del patrimonio que con el trabajo de años hemos podido desarrollar, así como a los territorios que nos corresponden como comuneros indígenas defensores de la madre tierra, pero en caso de no ser posible, entonces solicitamos que el gobierno asuma su responsabilidad de indemnizarnos económicamente por el valor real de esos patrimonios de los que hemos sido expropiados de manera ilegal”.
