Elio Henríquez/La Jornada/San Cristóbal de Las Casas, Chis.- Miles de católicos de las diócesis de San Cristóbal, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez marcharon este viernes en esta última ciudad para exigir que haya paz en la entidad, en varias de cuyas regiones grupos del crimen organizado se disputan el territorio.
Los obispos de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez, quien también es administrador apostólico de la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, y Luis Manuel López Alfaro, manifestaron que “el aumento exponencial de la inseguridad ha incrementado los asesinatos y las desapariciones forzadas en las comunidades; las personas son utilizadas como escudos humanos en los enfrentamientos de los cárteles; viven en situación de esclavitud al no poder transitar libremente por sus comunidades, carecen de alimentos y servicios básicos”.
Además, abundaron en un comunicado leído al final de la manifestación, “son obligados para estar en los retenes llamados ‘filtros’ que los cárteles mantienen en las comunidades como medida de control y se tiene que pagar una cuota obligatoria en caso de no poder estar en dichos filtros. Por ello, ante la incertidumbre y el temor de lo que pueda pasar, los habitantes huyen de su comunidad, teniendo que dejar todo su patrimonio por la desaparición y muerte de sus familiares”.
Expresaron que “esta peregrinación por la paz y la oración ecuménica tiene el claro objetivo de unir nuestras voces a las miles de víctimas de la violencia tanto en el país como en nuestro querido estado de Chiapas, que muchas veces son silenciadas, minimizadas e ignoradas por aquellos que tienen en sus manos el poder de actuar para impedir estos sufrimientos”.
Agregaron que “la violencia generada por los grupos del crimen organizado, en guerra por el control del territorio, ha ido avanzando considerablemente en varios municipios de Chiapas y comunidades: Frontera Comalapa, Chicomuselo, Bella Vista, Siltepec, Amatenango de la Frontera, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Motozintla, Ángel Albino Corzo, La Concordia, Villa Corzo, Villaflores, La Trinitaria, Las Margaritas, Maravilla Tenejapa, Benemérito, Frontera Corozal y Palestina del municipio de Ocosingo, Tila, Altamirano, Oxchuc, Pantelhó, Chenalhó, sólo por mencionar algunas entidades donde se ha agudizado, se manifiesta con constantes enfrentamientos y la gente vive aterrorizada”.
Acompañados por los obispos, sacerdotes, religiosas y laicos, los manifestantes parieron a las 10 horas del oriente de la capital del estado, donde se localiza el santuario al Papa Juan Pablo II, y después de caminar alrededor de dos horas, concluyeron con una celebración en el centro de la ciudad.
Con banderas blancas, vestidos de ese color la mayoría, con cánticos religiosos y música tradicional, los católicos se pronunciaron también en contra de los “megaproyectos de muerte”. Los organizadores estimaron que en la peregrinación participaron entre 15 mil y 20 mil personas.
Aguilar Martínez y López Alfaro expresaron en el comunicado que la movilización religiosa “va más allá del número de creyentes que haya convocado; quiere ser un acto para dar visibilidad a las víctimas, no sólo a los que han tenido que huir de sus comunidades, sino también a los que han sido masacrados impunemente por negarse a colaborar con los criminales o ser extorsionados”,
Recordaron “con dolor, la masacre de los 11 hermanas y hermanos en el ejido Nuevo Morelia de Chicomuselo el 11 de mayo de 2024 y muchas personas asesinadas impunemente en los diferentes municipios”.
Sostuvieron que “la economía desarrollista requiere de tierras y territorios libres de pobladores, por lo que está dejando pueblos vacíos en zonas de conflicto, sin que el gobierno del Estado lo reconozca como desplazamiento forzado, originado por la violencia que imponen los cárteles, solamente habla de personas “en situación de vulnerabilidad”, como si la violencia fuera causada por un desastre natural”.
También recordaron que desde finales de 2023, las tres diócesis de Chiapas “volvieron a señalar el incremento de la violencia por los cárteles que se disputan el territorio en la frontera con Guatemala, lo que ha ocasionado desplazamiento forzado de la población de su lugar de origen hacia otros municipios del Estado, como a la zona Sierra e incluso hasta refugiarse en el país vecino de Guatemala”.
Demandaron a los tres niveles de gobierno “el establecimiento del orden social sin poner en riesgo a la sociedad civil, la desarticulación y el desarme inmediato de los grupos criminales; la recuperación del territorio para que las familias de la región estén en su propia tierra, la trabajen con normalidad y vivan con seguridad, paz y tranquilidad. La gente no podrá regresar mientras los grupos criminales sigan en el territorio”.
