Luego de que hace casi cuatro años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano la adopción de medidas para garantizar la vida e integridad de habitantes en comunidades de Chiapas inmersas en conflictos territoriales, una delegación de esta comisión inició ayer una visita en esta región para supervisar su cumplimiento, después que en diciembre pasado alertó que, pese a los acuerdos, persisten factores de riesgo.
La visita, que concluirá el próximo 15 de julio y tiene el fin de constatar la aplicación de las medidas solicitadas para 22 comunidades tsotsiles en los municipios de Chenalhó y Aldama, Chiapas, está encabezada por la comisionada y relatora para México y Pueblos Indígenas, Esmeralda Arosemena de Troitiño, y la secretaria ejecutiva Tania Reneaum Panszi.
Por medio de un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que la delegación de la CIDH tuvo una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, quien “reiteró el compromiso del gobierno de México con el cumplimiento de las medidas cautelares e informó sobre los avances en los trabajos en materia agraria, de seguridad social y de vivienda en la zona”.
Como parte de sus actividades, están proyectados recorridos en las comunidades, reuniones con personas beneficiarias y sus representantes, con autoridades estatales y federales y con representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para conocer posibles situaciones de riesgo.
El Frayba señala omisiones
Desde abril pasado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha advertido que el Estado mexicano no había tomado acciones efectivas para garantizar la seguridad de las personas que viven y transitan dentro de estas comunidades, lo que motivó a la CIDH a avalar la visita.
Desde 2018, afirmó Gobernación, “el Estado mexicano ha implementado medidas a fin de garantizar un incremento de seguridad en la zona, ha otorgado ayuda humanitaria y acceso a servicios de salud”. Apuntó que desde 2017 representantes del gobierno mexicano han tenido reuniones con las personas beneficiarias para acordar acciones de seguridad y de mejoramiento de vivienda para un reasentamiento digno. (La Jornada)
