Nos duele porque significa la muerte de la esperanza; una joven, mujer, médica, trabajando por la salud de una comunidad que ni los políticos de medio pelo se dignan en visitar, que dio avisó oportuno sobre su vulnerabilidad y en donde el Estado, en su conjunto, prefirió voltear su vista esperanzado en que quizá no pasaría nada.
Nos duele porque esa actitud es síntoma inequívoco de lo normalizado que tenemos, como sociedad y como funcionariado, las situaciones de violencia en contra de las mujeres. Un apapacho, dos tamales y un mes de vacaciones para garantizar el acceso una vida libre de violencia.
Nos duele porque si bien en el discurso, las personas jóvenes ocupan un lugar central tanto para la administración local como federal, en la realidad y desde el cobijo institucional, se perpetua la explotación laboral contra ellas y ellos.
Se les ve como esa carne de cañón que deben “por ser jóvenes’ ocupar los espacios más inseguros, más recónditos, previéndoles con apenas 4 paredes y tres mil pesos mensuales (ni el salario mínimo) para salir avante.
Nos duele por el doble discurso frente a las y los profesionales de la salud; si hacen frente al COVID héroes, si enfrentan la salud materno infantil, la tuberculosis, la malaria u otro padecimiento, simples estudiantes de medicina.
Nos duele porque significa que las instituciones no solo siguen siendo esos elefantes reumáticos que describió nuestro Presidente, sino porque descubrimos que eso elefantes son quienes ofrecen sombra a la mentira, a las omisiones, a la muerte.
Nos duele porque a primera vista distintas normas y procedimientos fueron violentados. Más allá de dudas razonables, al menos tres instrumentos son fácilmente identificables como no aplicados. A continuación, se presentan los instrumentos así como las violaciones claras que desde la barrera de la opinión pública podemos identificar:
Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, misma que define como violencia sexual “a todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”. Con base en las declaraciones de la madre la víctima encontramos que, sin espacio para dudas razonables, Mariana enfrentó una situación de violencia sexual en su contra.
Al hacer del conocimiento del personal del centro de salud donde laboraba su situación, las funcionarias y los funcionarios responsables, debieron actuar con forme a la Norma, misma que su apartado 6.5 explicita el mecanismo para dar parte de la situación al Ministerio Público mediante el formato establecido dentro de la misma Norma.
En algunos comentarios e incluso, en algunas declaraciones de funcionarias y funcionarios hemos escuchado que se investiga y se descarta que Mariana presentara alguna denuncia frente a las autoridades competentes, cuando a la luz de la Norma resulta irrelevante, ya que dicho aviso debió haber sido dado por las autoridades del Centro de Salud y no necesariamente por la víctima de violencia sexual.
También sabemos por declaraciones que Mariana avisó a las autoridades de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) sobre la situación que vivía. Lo anterior resulta relevante ya que, como se puede consultar en Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013 sobre Educación en Salud “El servicio social de las profesiones de medicina y estomatología es responsabilidad de las instituciones de educación superior’ y por extensión, comparten la seguridad de las y los jóvenes que cumplen con él.
La NOM anterior es clara en sus numerales 6.3 y 6.13 en la necesidad de coordinación entre las instituciones de educación superior, la secretaría de salud, las autoridades estatales, municipales y de la localidad, para generar los mecanismos de protección a la integridad física de los pasantes, así como brindar su apoyo inmediato en situaciones que pongan en riesgo su seguridad.
Como sabemos, dichas acciones que a todas luces resultaron ineficientes, ya que las que eventualmente pudieron operacionalizar no solo no le garantizaron el acceso a una vida libre de violencia, sino el acceso al derecho fundamental de la vida.
Y, por último, y la que quizá \ resulta más incompresible es la flagrante violación al Código Federal de Procedimientos Penales, el cual establece la prohibición de la cremación de cuerpos cuya causa de muerte fuera violenta, incluido el suicidio. La discusión no es si la Madre de Mariana firmó o no su consentimiento, la situación es que simplemente estaban impedidos legalmente de hacerlo.
Por desgracia, ni la conmoción social, ni los litros de tinta que se viertan sobre el caso nos permitirán contar en este plano nuevamente con Mariana, pero por paradójico que resulte, las autoridades si tienen otra oportunidad. Una nueva oportunidad para sentar un presente histórico en materia de procuración de justicia (otro más, como en el caso del periodista Mario López y el Defensor de los Derechos Humanos Sinar Corzo) en el Estado de Chiapas.
La cuestión es saber si las autoridades del más alto nivel estarán realmente interesadas en, ya no digamos alcanzar una transformación histórica, sino en mover, aunque sea un poco el elefante para que se nos permita poder ver nuevamente la luz del sol y recobrar con ello cierto sentido de esperanza.
No solo nos duele Mariana, nos duelen Ingrid, Viridiana, Fátima, Ximena, Jessica, Abril, Rubí, Yesenia, Montserrat y cada una de las mujeres desaparecidas y asesinadas en nuestro México.
Rodrigo Medinilla
