Elio Henríquez/La Jornada/San Cristóbal de Las Casas.- A 25 años de la firma de los incumplidos acuerdos de San Andrés, los pueblos originarios de Chiapas “construyen horizontes de vida digna en autonomía, por la defensa de sus territorios y la libre determinación, en un contexto de constante militarización, despojo y amenazas por parte del Estado mexicano”, afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
En un documento divulgado este miércoles, agregó que “los signos de guerra y de desgaste a los pueblos continúan y las reformas constitucionales que el Estado mexicano ha efectuado, están enfocadas a beneficiar al gran capital que alimenta la maquinaria de muerte”.
Actualmente, añadió, “integrantes de pueblos originarios son silenciados con la muerte o privados arbitraria e ilegalmente de la libertad cuando defienden sus territorios”.
Manifestó que “el derecho a la libre determinación y la autonomía, son violados de manera sistemática para continuar con la ejecución de megaproyectos como el Proyecto Integral Morelos, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México-Parque Ecológico Lago de Texcoco”.
Los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas fueron firmados el 16 de febrero de 1996 por el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), sin que hasta la fecha se hayan cumplido tal y como fueron suscritos.
El Frayba manifestó que los tratados “recogieron en gran medida el sueño de los pueblos originarios de México, pero el espíritu plasmado en dicho documento, crear un marco jurídico que permitiera una nueva relación entre los pueblos originarios y el Estado, que reconozca y respete el derecho a la libre determinación y autonomía de los mismos, fue incumplido por el Estado mexicano”.
Señaló que “el no respeto constante a los pactos de paz, está relacionado con la ofensiva continuada de guerra hacia los pueblos organizados, así como con los ataques a las personas y organizaciones que estaban coadyuvando en el proceso, como la misma Comisión Nacional de Intermediación (Conai), presidida por el obispo Samuel Ruiz García, quien en junio de 1998 renunció junto con su equipo a continuar la mediación entre el Estado y el EZLN, en desacuerdo por la guerra abierta en contra de los pueblos y la diócesis de San Cristóbal de Las Casas”.
Dijo que “ante la guerra de desgaste y las acciones unilaterales del Estado, los pueblos en lucha y resistencia comenzaron a concretar sus sueños y utopías para germinar esperanzas de vida digna” y “frente a las posibilidades de sembrar y cultivar vida digna, el Estado mexicano continuó con la perpetración de diversas violaciones a derechos humanos como la masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997”.
Sostuvo que los Acuerdos de San Andrés “persisten como referente desde abajo; los pueblos que luchan seguirán atizando el fuego de la esperanza y la historia dará cuenta de ello, porque a pesar de la guerra de exterminio, la construcción de autonomía otorga luz y fuego a mujeres y hombres en todo el mundo”.
