Silvia Núñez Esquer/Cimacnoticias/Hermosillo, Son. – La diputada local del partido Morena, Miroslava Luján López, propuso la desaparición del perdón en el Código Penal del estado de Sonora, para el delito de violencia familiar y que sea perseguido de oficio.
En la propuesta presentada en la sesión del pleno de la LXII legislatura ayer jueves, Luján López expuso que, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la violencia familiar se presenta más frecuentemente en mujeres. Estas son golpeadas, violadas, insultadas, amenazadas, ignoradas o menospreciadas por su compañero.
Igualmente, en el ámbito familiar niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores o personas con alguna discapacidad son golpeadas, insultadas, amenazadas o humilladas. Incluso, algunos integrantes de la familia obligan a otro a sostener prácticas sexuales que no desean.
En su exposición de motivos alude al índice de delitos del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Sonora que, de enero a mayo del 2020, muestra que los delitos contra la familia van en aumento, en especial la violencia familiar.
Refirió que por ese delito se presentaron en enero 314 denuncias, mientras que, en febrero 371, en marzo 381, en abril 174 y en mayo 589.
Imagen retomada de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sonora
Recordó que Sonora es un estado reconocido nacionalmente por sus altos índices de violencia familiar. Basta con analizar los reportes mensuales del SESNSP que indican que la entidad permanece en primer lugar desde 2017 en incidencia de llamadas de emergencia al 911 por violencia familiar, en tasa por cada 100 mil mujeres.
Por esas razones Miroslava Luján pretende armonizar uno de los códigos más atrasados en materia de violencia familiar, pues no solo incluye actualmente el perdón de la víctima hacia su agresor, situación de riesgo de feminicidio, sino que, aún contiene la posibilidad de utilizar la conciliación entre víctima y agresor, contraviniendo la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su Artículo Ocho.
La legisladora propuso reformar el Artículo 91 párrafo quinto, y 234-A párrafo octavo, del Código Penal, con la finalidad de que no proceda el perdón de la víctima u ofendida y que éste sea perseguido de oficio.
Sin embargo, la reforma tendrá que ser en paquete, pues la eliminación del perdón contradice a la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar de Sonora, que en su Artículo 16 dice: “…Recabada la información suficiente y en caso de no existir urgencia, el Agente del Ministerio Público Especializado citará a los involucrados, previa determinación de las medidas preventivas adecuadas al caso, procurando la mediación de las partes y la celebración del convenio que voluntariamente determinen …”.
Por su parte, el Código Penal de Sonora, (a pesar de que fueron derogados los procedimientos de Conciliación y Arbitraje en la Ley de Violencia Familiar) en una forma de mediar y conciliar incluye en el Artículo 234-A el perdón y la normatividad para que éste se lleve a cabo:
“Para que surta efectos legales el desinterés jurídico citado en el párrafo anterior y el perdón del ofendido en el resto de los supuestos de violencia familiar, el agresor deberá abstenerse de cometer conducta delictiva descrita en este artículo por lo menos durante un año, a partir de la manifestación expresa de los mismos, cumplir con sus obligaciones alimenticias cuando las tuviere, someterse a terapia psicológica y/o psiquiátrica y, en su caso, pagar el tratamiento que requiera la víctima…”.
Luján López hizo alusión a los Códigos Penales de los estados de Yucatán y de Chiapas, en los cuales desde hace tiempo se eliminó tanto el perdón en el delito de violencia familiar, como el hecho de que solo se persiga por querella.
Es por dignidad: Abogada de Colem Chiapas
La abogada litigante en el estado de Chiapas, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, del Colectivo Mujeres de San Cristóbal de las Casas, y de Mujeres Libres, (Colem) Martha Figueroa Mier, opinó en entrevista que cuando los Códigos Penales incluyen el perdón por violencia familiar, violan la parte esencial de los Tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, pero sobre todo de las humanas.
Especialista en casos de violencia de género, Figueroa Mier comentó que Sonora es un estado que siempre va a lo último en armonización y en hacer efectiva la progresividad de los Derechos Humanos.
Eliminar el perdón en Violencia familiar es parte de la armonización legislativa obligatoria por los compromisos con la comunidad internacional, en los tratados internacionales que ha firmado el Estado mexicano. Es una discusión que se hizo hace diez años tanto en los análisis de la CEDAW y de Belém Do Pará, explicó.
“Las mujeres venían lastimadas, golpeadas, intimidadas, con el síndrome de Estocolmo, y eran conminadas a otorgar el perdón. Había códigos como el de Chiapas que decía que las lesiones leves “en el derecho de educar” no podían ser castigadas. Eso incluía a niñas, niños y la mamá.
Otorgar el perdón, no solo implica que perdonas ante la ley y que aceptas que el agresor no sea perseguido por los delitos que cometió, por los bienes jurídicos que destruyó. Además, le das permiso, otorgas consentimiento para que te maltrate verbal, emocional, física y sexualmente”, dijo.
“El perdón puede ser producto de presiones, por ejemplo, económicas: “te doy el dinero, si retiras la denuncia” o bien, “otorga el perdón o te quito a los hijos”, por lo que la voluntad está viciada. ¿Qué voluntad independiente e informada puede haber cuando firma “consiento que me golpees”?. Eso implica desigualdad de derechos”, agregó la defensora.
Es una indignidad que va contraria a todo el significado de los Derechos Humanos, pero que está basada en nuestra condición y situación históricas de género. Lo único que queda para restablecer la dignidad, es que igual que en el secuestro, los delitos de violencia familiar, sean perseguidos por el Estado.
En Chiapas el Código Penal estipula en el Artículo doscientos, reformado en julio de 2019 que, el delito de violencia familiar se entenderá agravado. En reforma de enero del 2018, se especifica que en ningún caso deberá admitirse un acuerdo reparatorio, en ese delito.
Recordó que Sonora fue el último estado en donde se aplicó la pena de muerte pues se tenía vigente. No puede ser que hoy en el 2020 todavía tengan aberraciones jurídicas, como el que las mujeres den permiso y perdón para que las golpeen cada que al otro se le antoje, incluso hasta la muerte.
En violencia contra las mujeres, el límite es la muerte, alertó. Sonora tiene que abandonar esa tradición de ser el último que adapta, reforma, homologa su legislación, no solo para ser progresista, sino para adoptar el principio pro persona que le obliga el Artículo primero constitucional, ojalá que se empiecen a modernizar, finalizó.
