El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma al artículo 9 de la Constitución Política de Tabasco, aprobada en septiembre de 2018 por la mayoría morenista del Congreso del Estado y mediante la cual se redujo a la mitad el financiamiento públicos a los partidos políticos.
Redacción / Reporteros del Sur.-En su sesión de hoy, la Corte determinó que el artículo 9, apartado A, fracción VIII, inciso a), de la Constitución del Estado de Tabasco, que establecía una forma de cuantificar el financiamiento público de los partidos políticos distinta a la prevista en la Ley General de Partidos Políticos, sin distinguir entre partidos políticos nacionales y locales, es inconstitucional.
El máximo tribunal del país informó que de conformidad con el artículo 116, fracción IV, de la Constitución General, los Estados no tienen libertad configurativa absoluta para reglamentar el financiamiento público que les corresponde a los partidos políticos locales.
Recordó que si bien los Estados tienen cierta libertad configurativa para regular el financiamiento público estatal para los partidos políticos nacionales, en el caso del financiamiento de partidos locales, relativo al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, deben estarse a lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos, la cual establece detalladamente la forma de calcular dicho financiamiento.
La reducción del financiamiento fue impugagnada mediante las acciones de inconstitucionalidad 100/2018 y sus acumuladas 102/2018, 103/2018 y 104/2018, promovidas respectivamente por la Procuraduría General de la República y los partidos políticos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, demandando la invalidez del artículo 9, apartado A, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 13 de octubre de 2018, mediante Decreto 004.
Para 2019, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) estimaba repartir 91.5 millones de pesos a los partidos políticos, pero con la reforma se redujo a 45.7 millones, por lo que ahora tendrá que entregar completo los 91.5 millones.
En septiembre de 2018 y a propuesta de la mayoritaria fracción parlamentaria de Morena, el pleno del Congreso local aprobó reducir en 50% el financiamiento público a los partidos políticos y, además, eliminó el fuero para que todos los servidores públicos puedan ser denunciados, acusados, imputados, procesados y sentenciados por cualquier delito.
