Ciudad de México – El ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero –y varios de sus colaboradores– compareció ante la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. Sobre el tema, aseguró que el entonces presidente Enrique Peña Nieto “se negó a recibirme” y conocer la versión estatal, y muchos elementos de la llamada verdad histórica se están desvaneciendo.
Lamentó que su gobierno haya sido desplazado de la indagatoria por la Procuraduría General de la República, ya que la fiscalía guerrerense –que realizó las primeras pesquisas–, a cargo entonces de Iñaki Blanco, logró la consignación de más de 30 involucrados, a quienes no se les torturó y sus expedientes fueron debidamente elaborados, por lo que aún permanece en prisión.
A casi cinco años de esos crímenes, los ex funcionarios estatales durante su comparecencia se comprometieron ante las madres y los padres de los jóvenes a acudir a la Fiscalía General de la República (FGR) para ampliar sus declaraciones –ya lo habían hecho durante las investigaciones desarrolladas en el sexenio pasado.
Al finalizar la sesión de la comisión, que se realizó en la Secretaría de Gobernación y fue encabezada por subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, el funcionario estatal aseguró ser “uno de los más preocupados e interesados para llegar a la verdad”.
Sin embargo, el representante legal de los familiares de las víctimas, Vidulfo Rosales, indicó que hubo varios puntos planteados que no fueron respondidos ni por Aguirre ni por sus ex colaboradores.También estuvieron presentes los ex secretarios de Seguridad Pública y de Gobierno estatales, Leonardo Vázquez y Jesús Martínez, respectivamente, y el ex fiscal de Guerrero Iñaki Blanco.
Vázquez es uno de los 235 ex funcionarios federales y estatales denunciados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que habrían incurrido en irregularidades, delitos y omisiones durante las investigaciones por los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Hay varias preguntas, huecos de información, por ejemplo la relación que tendrían elementos de la policía ministerial (de la entidad) con Guerreros Unidos. Otros datos apuntan a que varios policías estatales tuvieron los teléfonos de los estudiantes. Todos esos cuestionamientos se hicieron”, dijo Rosales al término de la sesión de la comisión.“Ellos están dando evasivas, no están respondiendo.
El ex secretario de Seguridad Pública dijo que él no tiene esa información. También se le cuestionó que antes del hallazgo del basurero de Cocula, la policía estatal ya tenía custodiado ese lugar”, agregó. Y confió en que ante la FGR estos ex funcionarios puedan aportar mayor información.
Al salir de la sesión, el ex gobernador de Guerrero se comprometió a ampliar su declaración ante la FGR y criticó la excarcelación de Gildardo López Astudillo, El Gil, y de 24 policías municipales. “Hay que juzgar al juzgador”.
Insistió en que se incorporen a las nuevas investigaciones las actas elaboradas por la fiscalía estatal hace cinco años y, sobre todo, que se esclarezca quién es El Patrón (una de las principales recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos), el supuesto autor intelectual de los hechos.
Lamentó que su gobierno haya sido desplazado de la indagatoria por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
“El ex fiscal (Iñaki Blanco) sentó las bases de esta investigación; la mayor parte de las personas consignadas por él siguen en prisión, no hubo tortura”.Manifestó su confianza en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para resolver el caso.
Por su parte, Blanco refirió que en su momento la fiscalía a su cargo no pudo establecer el móvil de los hechos y entregó a la PGR un expediente con 33 personas consignadas, que no han salido de prisión.
“Lo que está probado es que fueron integrantes de Guerreros Unidos y policías municipales de Cocula e Iguala a su servicio quienes privaron de la libertad a los muchachos. Esto guarda exacta correspondencia con las intervenciones telefónicas de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) que hasta ahora se conocen. Hay algunas dudas a manera de cabo sueltos y entiendo que (en eso) están trabajando la comisión (para la verdad) y la FGR”. (La Jornada)
