Elio Henríquez/La Jornada.- El director de la organización denominada Pueblos sin Fronteras, Irineo Mújica y el activista, Cristóbal Sánchez, acusados de violar la Ley de Migración, fueron trasladados este jueves a Chiapas, informaron fuentes gubernamentales.
Dijeron que los defensores de los derechos de los migrantes fueron recluidos en el penal ubicado en Tapachula o en el de Villa Comaltitlán, situados cerca de la frontera con Guatemala.
Mújica, quien tiene la nacionalidad mexicana y estadounidense, fue detenido el miércoles en Sonora, acusado de la probable comisión del delito de transporte de migrantes, con la agravante de que se involucró a niños y adolescentes; mientras que Sánchez fue capturado en la Ciudad de México, por su probable responsabilidad en la introducción de personas a territorio mexicano, sin la documentación legal correspondiente.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó el miércoles que en abril y mayo, “personas de nacionalidad hondureña presentaron ante un agente del Ministerio Público Federal denuncias contra dos personas de nacionalidad mexicana, quienes a cambio de obtener diversas cantidades de dinero les prometieron internarse ilegalmente en el país para llevarlos a la frontera norte de México, con objeto de introducirse ilegalmente a los Estados Unidos”.
Aseguró que “con las pruebas obtenidas, el representante social federal solicitó y obtuvo del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Chiapas, órdenes de aprehensión en contra de los probables responsables”, por lo que policías federales ministeriales adscritos a la Delegación de la FGR en Chiapas, los localizaron y detuvieron en Sonora y la capital del país.
El delegado estatal de la FGR, Alejandro Vila Chávez, informó a principios del pasado mes de mayo que esa dependencia estaba investigando “a los incitadores” mexicanos y extranjeros de las caravanas de migrantes.
El funcionario aseguró en esa ocasión que pronto habría “resultados concretos”, aunque no proporcionó nombres. “Les puedo adelantar que es una investigación muy profesional, objetiva y con pruebas plenas de las personas que serán llevadas ante la acción de la justicia porque han obtenido lucro incitando a los migrantes a dejar su país para venirse a una aventura poniéndolos en alto riesgo”, aseveró.
