Rosalinda Hernández Alarcón*
Los magistrados Rafael Morales Solares, Franc Martínez Ruiz y Fredy López Contreras (de la Sala 2ª. de Apelaciones) merecen una condena pública por avalar una aberración jurídica, al desfigurar el sentido de una ley que penaliza la violencia contra las mujeres con tal de congraciarse con una candidata presidencial Sandra Torres, quien solicitó medidas de seguridad por sentirse agredida por 6 editores del diario “el Periódico.”
De igual manera, es muy cuestionada la actitud de aquellos diputados o candidatos a serlo, quienes al desconocer -como valor y aporte a la sociedad- la diversidad de las personas por su ideología, identidad sexual o creencias, pretenden legislar como si estuvieran en la época de la Inquisición, ya que quieren criminalizar los abortos no voluntarios, prohibir la educación integral en sexualidad y penalizar la unión de personas del mismo sexo.
En estos tiempos, cuando son evidentes los adelantos en el área científica, en la ampliación de derechos y en el diseño de categorías de análisis, ocurre el temor a que sigan avanzando como corrientes de pensamiento y acción, los voceros reaccionarios propagan sus ideas sin importar el nivel de falacias y tergiversaciones que utilizan; si bien tienen el derecho a defender sus convicciones, ya que existe la libertad de expresión y de creencias, en lo que se equivocan es pretender aprobar leyes para debilitar libertades básicas, imponer un orden “divino” o dictar resoluciones judiciales que violentan el ordenamiento legal.
Gente reaccionaria -incapaz de distinguir entre la acción pública y la convicción religiosa individual, entre la ética y el tráfico de influencias- existe en todas partes del mundo, son los mismos que décadas atrás se opusieron a que las mujeres ejercieran su derecho al voto o se reglamentara el divorcio. Pero ahora existe más información y capacidad crítica de las personas, quienes saben que en cualquier país donde está despenalizado el aborto, de ninguna manera significa que todas las mujeres aborten; como tampoco sucede con el reconocimiento del divorcio.
Cabe mencionar que durante años, feministas guatemaltecas emprendieron la lucha por lograr una legislación que sancionara el abuso de poder de hombres contra mujeres, dado que ningún partido político asumió dicha tarea, como hoy tampoco ningún candidato aporta iniciativas para ampliar derechos de los conglomerados más vulnerables. Ellas lo lograron en 2008, con la aprobación de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra las Mujeres, bien harían todos los administradores de justicia, diputados y candidatos a una curul en conocer dicho ordenamiento, y así contribuir a garantizar una vida libre de violencias machistas, con plena libertad de expresión y respeto a la diversidad de convicciones ideológicas.
Esto último también se relaciona con los derechos de las mujeres, quienes son las únicas que tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo (cuidado, protección y disfrute), garantía que toda persona con miradas humanitarias entiende, sólo los autoritarios lo niegan porque su mentalidad medieval se sustenta en prohibiciones, descalificaciones, castigos y culpas como formas de relación que violentan libertades, multiplican miedos y reproducen la subordinación hacia quienes tienen poder como hombres, políticos, funcionarios públicos, curas, pastores, etcétera.
*Periodista mexicana, residente en Guatemala.
Cimacnoticias | Guatemala, Gua.
