Madrid – En la décima sesión del histórico juicio en el Tribunal Supremo (TS) contra los dirigentes del independentismo catalán que llevaron a cabo la declaración unilateral de secesión de octubre del 2017 hubo dos testigos cruciales para el desarrollo del proceso. Y ambos en representación del Estado español y como máximos responsables de la seguridad en los días más tensos del conflicto. Los dos señalaron al gobierno autonómico catalán, presidido entonces por Carles Puigdemont -fugado en Bélgica desde hace más de un año- y a la policía autonómica de no cumplir el mandato judicial y de intentar impedir el operativo ordenado por la magistrada para evitar la celebración del referendo del 1 de octubre.
Enric Millo, dirigente del derechista Partido Popular (PP) en Cataluña era el delegado del gobierno en la región en octubre del 2017. Fungía como el enlace del gobierno español, entonces presidido por Mariano Rajoy, con las instituciones catalanes, además de fungir como máxima autoridad del aparato burocrático desplegado en la región y que dependía de instituciones centrales. Millo fue además uno de los hombres que participó en prácticamente todas las reuniones importantes entre ambas administraciones en los meses previos a la celebración del referendo y a la posterior declaración unilateral de independencia.
En su comparecencia como testigo, Millo explicó que durante aquellos meses tantos los funcionarios del Estado como los más de seis mil agentes españoles desplegados en Cataluña para impedir la celebración de la consulta ciudadano sufrieron todo tipo de “acoso, hostigamiento y violencia”, al tiempo que defendió la supuesta “proporcionalidad” del operativo policial del día del referendo, que provocó más de mil personas atendidas por los servicios sanitarios, la mayoría de ellas por crisis nerviosas.
Millo señaló que la supuesta violencia contra la policía española por parte de independentistas tuvo sus momentos más álgidos en las jornadas del 19 y el 20 de septiembre -cuando se llevaron a cabo varios registros policiales en instituciones catalanes-, el 1 de octubre y los días posteriores a esa fecha, una vez que los agentes desplegados habrían sufrido todo tipo de insultos y vejaciones por parte de grupos de separatistas que se congregaron a las puertas de sus hoteles. En la versión del ex delegado del gobierno español también se acusa a la Generalitat y a los altos mandos de los Mossos d´Esquadra de no hacer nada para impedir estas agresiones y de llevar a cabo un plan para obstruir las actuaciones desarrollas por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Incluso señaló varios informes en los que se registró el espionaje por parte de la policía autonómica a los agentes españoles.
El otro testigo clave del día fue el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, quien fue designado como coordinador del operativo policial del 1 de octubre, centró la mayoría de sus reproches a la supuesta pasividad y obstruccionismo de la policía catalana para cumplir el mandato judicial, que les instaba a impedir la celebración del referendo. Y que fue durante la jornada de votación cuando constataron que los 16 mil agentes de los Mossos estaban realizando labores estériles en términos operativos y que en ningún caso auxiliaron a los agentes españoles cuando sufrieron ataques por parte de grupos de independentistas. “El dispositivo de los Mossos era manifiestamente insuficiente. No había duda que los Mossos no impedían el referéndum y por lo tanto debíamos actuar”, explicó. Incluso relató varios episodios en los que hubo “violencia grave”, como aquel en el que un agente antidisturbios fue atacado por varias personas cuando se encontraba en el suelo y le propinaron varias patadas en la cabeza. “Nos encontramos ante grupos de resistencia perfectamente organizados. De hecho colocaron a niños y personas mayores en la vanguardia de las murallas humanas”, añadió. (Fuente/La Jornada)
