Elsa Conde y Orfe Castillo*
Ciudad Feminista es un grupo de organizaciones que en los últimos cinco años ha dado seguimiento a la política de igualdad de género en la Ciudad de México e, inició su participación en el proceso Constituyente desde la discusión legislativa que derivó en la reforma política aprobada finalmente por el Congreso de la Unión.
En su momento, junto con diversas organizaciones criticamos la propuesta aprobada por su claro carácter antidemocrático al incluir la designación de 40 escaños que no serían sujetos a la voluntad popular y, por la clara ausencia de espacios para la participación ciudadana y la no inclusión del principio constitucional de paridad, entre otros aspectos.
Sin embargo, decidimos participar porque insistimos en ampliar los pequeños márgenes de movilización ciudadana y apertura democrática que vislumbramos en este proceso crítico en la construcción de ciudadanía plena para las y los capitalinos. Particularmente en la oportunidad de construir una candidatura independiente feminista.
El reto era inconmensurable, juntar 75 mil firmas en un mes para lograr el registro como aspirantes. No obstante, valoramos que se abría una posibilidad cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó el lineamiento de que la ciudadanía pudiera otorgar su firma hasta para cinco aspirantes independientes. Después de dos impugnaciones que evidenciaron las fallas de nuestro sistema electoral para que ciudadanas de a pié podamos ejercer nuestro derecho a la elegibilidad, logramos el registro como candidatas independientes. En un hecho histórico somos las primeras candidatas independientes explícitamente feministas aspirando a un cargo de elección popular.
Decidimos participar porque estamos convencidas de que es viable profundizar en la construcción de una ciudad progresista y de libertades, porque queremos aportar el marco interpretativo del mundo que aportan la teoría y el activismo feminista que hemos construido a lo largo de la historia.
Parte fundamental de nuestra propuesta es dar sustento constitucional a la igualdad sustantiva, pasar del logro formal de la igualdad a la igualdad como principio permanente reflejado en la vida cotidiana de las mujeres. Y de aquéllas que continúan enfrentando desigualdades históricas que ninguna mujer debería enfrentar en este siglo.
Decidimos participar porque las necesidades y derechos de las mujeres continúan ausentes de las prioridades en la práctica política y de los presupuestos, a pesar de ser la mayoría de la población en México y, de representar el 52 por ciento del padrón electoral; de contribuir a la economía (43 de cada 100 mujeres participan en actividades económicas) y; trabajar en promedio 19 horas más que los hombres en labores domésticas y del cuidado que sostienen el lastimado tejido social.
Estamos aquí porque somos ciudadanas responsables frente al destino de nuestro país, por más que se nos regatee ese derecho y porque creemos en la necesidad de construir una cultura de la legalidad fincada en los Derechos Humanos y, por lo tanto, de la igualdad sustantiva de las mujeres.
Porque la Constitución debe ser un patrimonio cultural de la sociedad, no sólo un texto jurídico, por ello la participación de todas las mujeres es fundamental. Todas. Un texto que abarca a todas las personas, debe contar con la participación de la sociedad, y no sólo de los partidos políticos.
Porque creemos en la necesidad de construir una cultura de la legalidad, en hacer una campaña de pedagogía constitucional, que combata la realidad actual de una constitución nacional disfuncional, precaria, inaccesible, incomprensible, porque ello impide la construcción de un verdadero Estado de derecho, en el que todas las personas conozcan -particularmente las mujeres excluidas del poder- y puedan entender los contenidos del pacto social que representa la Constitución, en un proceso deliberativo y plural de participación de las y los ciudadanos que culmine en la apropiación del texto final.
La pedagogía constitucional feminista, humanista, progresista ha de ser ciudadana, salir de la partidocracia, transparente, popular, laica, combatir la desigualdad, la pobreza, recuperar principios sociales eliminados y recuperar nuevos derechos vinculados con la ampliación de libertades ciudades y derechos del cuerpo.
Porque buscamos la construcción de una política económica que privilegie la calidad de vida de las personas frente al poder supraestatal de las empresas, el mercado y el valor económico; y combatir específicamente las desventajas de las mujeres en el mercado laboral, la descalificación, las pocas posibilidades de inserción, el desempleo, los trabajos precarios y riesgosos, la brecha salarial, el acoso sexual y la imposibilidad de armonizar la vida privada y la pública. La lógica de acumulación económica destruye cotidianamente la vida y la salud de miles de mujeres.
Porque es necesario que el sistema de libertades para las personas y de responsabilidades, límites y sanciones a la autoridad, a quienes gobiernan sea transparente, comprensible y real.
La construcción de la igualdad requiere del fortalecimiento de un Estado democrático, transparente, que rinda cuentas, en donde cada uno de los poderes debe reformarse y plantear como su base fundamental los Derechos Humanos, y los haga realidad en cada territorio, con la plena participación de sus habitantes, sin discriminación. La mayoría social representada en las mujeres deberá tener condiciones para participar en igualdad de condiciones en todo proceso de cambio social, político y económico.
La igualdad es uno de los principales Derechos Humanos y aspiraciones sociales del marco vigente de Derechos Humanos, que se ha construido gracias al trabajo histórico de los movimientos sociales, y en especial del movimiento feminista, por el reconocimiento, ampliación y pleno goce de todas las libertades, derechos y garantías que como personas y sociedades requerimos para vivir a plenitud y en armonía con el medio ambiente.
En nuestra campaña hemos convocado a fortalecer la presencia insustituible de las mujeres en este proceso para contar con un marco constitucional, un pacto, que nos incorpore paritariamente, en los hechos, y en el significado. En junio de 2016, justamente 100 años después del Congreso Feminista de Yucatán, seguimos exigiendo ciudadanía plena para las mujeres, y como entonces seguimos construyendo y enriqueciendo los valores democráticos.
*Feministas y candidatas a la Constituyent
