Ciudad de México l El gobierno federal respondió al contenido del informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y señala que México no vive una crisis de derechos humanos, que el organismo internacional señala y subraya que la metodología inicial “tuvo un sesgo inicial (…) llegando a conclusiones sin fundamento.
“Dicho sesgo generó que la CIDH utilizara la información recabada en su visita de manera parcial, y sin atender los requisitos de confiabilidad y convicción previstos en su Reglamento, y que habrían sido indispensables para que ésta pudiera arribar a conclusiones sólidas y fidedignas”.
El organismo internacional señaló que “México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años” en gran medida por la “guerra contra el narcotráfico” impulsada por el ex presidente Felipe Calderón, y, al aumentar el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ha “desatado aún mayor violencia así como violaciones graves a los derechos humanos en la que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales”.
En tanto, a través de un comunicado de prensa el gobierno mexicano señaló que “si bien en el informe la CIDH da cuenta de algunos desarrollos en materia de derechos humanos, desafortunadamente no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten”.
Instituciones mexicanas como la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR) refieren que “desafortunadamente, el informe publicado el día de hoy no ofrece mayor fundamento ni da respuesta a las preguntas que el propio Estado formuló a la Comisión, además que ignora más de cincuenta años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos de un país como México, y que ya habían sido reconocidos por la propia CIDH en su visita a México que tuvo lugar en 1997.
“El informe final de la CIDH incorpora referencias a las observaciones del Estado mexicano de manera directa en aproximadamente 40 ocasiones, citando textualmente la información proporcionada pero sin contrastar dicha información con sus fuentes y análisis inicial. Si bien resulta positivo que se hayan incluido algunas de las observaciones de México, éstas no incidieron en el análisis final de la CIDH, en su metodología, en el uso de fuentes, ni en sus conclusiones y recomendaciones”.
Las autoridades mexicanas resaltan que “el Estado mexicano trabaja constantemente para atender las causas y consecuencias de la violencia en el país generada por la delincuencia, garantizar la seguridad, proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos y mejorar el acceso a la justicia. Por ello, se esperaba que la visita de la CIDH contribuyera a esos esfuerzos y compromisos de México con la emisión de conclusiones y recomendaciones que resultaran de un informe objetivo y bien sustentado, lo cual no aconteció”.
En la información difundida, el gobierno mexicano señala que “dentro de los avances que el informe de la CIDH desestimó o recogió sólo parcialmente, no obstante la numerosa información que el Estado mexicano le entregó durante y con posterioridad a la visita, se citan los siguientes:
“El Ejecutivo federal, con el objeto de prevenir y erradicar prácticas como la desaparición forzada y la tortura, presentó ante el Congreso las iniciativas de Ley en estos rubros, que resultaron de un amplio proceso de consulta con organizaciones de la sociedad civil y otros actores internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Asimismo, la Procuraduría General de la República publicó dos protocolos para la investigación de estos delitos y creó la Fiscalía Especializada de Búsqueda de personas.
“Entre otras acciones que forman parte de los ejes prioritarios del gobierno está la protección a los derechos de las víctimas, por ello se publicó la Ley General en la materia, que prevé la instalación de un Sistema Nacional de atención y la creación de un fondo de ayuda y de reparación integral para víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos.
“Durante su visita, a los comisionados se les informó también de las acciones de protección a sectores como periodistas y personas defensoras de derechos humanos, a través del Mecanismo de protección operado a nivel federal por la Secretaría de Gobernación y del Fondo para la implementación de dichas medidas. A la fecha, 489 personas y 11 organizaciones han sido incorporadas al Mecanismo, que ha probado ser cada vez más efectivo.
“Por otro lado, nuestro país ha avanzado en legislar desde una perspectiva de derechos humanos en temas como derechos humanos de las personas migrantes y refugiados, asimismo se cuenta con legislación sin precedentes en México y en el mundo, como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que además atendió a recomendaciones de organismos internacionales como UNICEF”.
Sin embargo, señala el comunicado gubernamental, “independientemente de lo anterior, el gobierno de la República toma nota de las recomendaciones que la CIDH incluyó en su informe y reitera que las analizará con detenimiento para el seguimiento que corresponda, si bien, como la misma CIDH reconoce, muchas de estas ya han sido atendidas o bien se trabaja en atenderlas, incluso desde antes que la Comisión visitara México”.
