Ciudad de México l El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, dijo que el video de Joaquín “El Chapo” Guzmán, difundido por la televisión mexicana el pasado miércoles, “parte de una difusión ilegal de pruebas que aún no están sujetas a líneas de investigación abiertas, por lo que tal situación deberá ser esclarecida y cualquier servidor público involucrado, sancionado”.
Además, el funcionario federal, que envió una carta al senador de izquierda Alejandro Encinas Rodríguez, destaca que el compromiso de las autoridades federales en este y otros casos, ha sido actuar con estricto apego a la legalidad, de cara a los ciudadanos, y con total profesionalismo para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
Sales Heredia explica que en todo momento las autoridades responsables han informado de los avances que ésta y el resto de las pruebas han arrojado sobre las investigaciones en curso, cuidando que este ejercicio de transparencia no ponga en riesgo el correcto desarrollo de las indagatorias o la confidencialidad de la averiguación previa.
“Le reitero que todo este material es aún parte de una investigación y que la información y los trabajos de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, son estrictamente confidenciales. Por ello, los asuntos tratados en el marco de dicha Comisión deben ser manejados confidencialmente y con un alto sentido de responsabilidad’’.
El funcionario puntualizó que la existencia de los videos y audios en ningún momento fue negada, ni durante la reunión que sostuvieron los integrantes de la Comisión con diversos funcionarios o en momento posteriores. Sin embargo, los materiales estaban sujetos a la práctica de pruebas periciales, por lo que en ese momento no se contaba con las condiciones para presentarlos.
El Comisionado Nacional de Seguridad destaca que el material que el 16 de julio fue presentado a los integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, fue aquel que hasta ese momento se tenía plenamente identificado como parte del proceso de aseguramiento y análisis de evidencia.
Es decir, concluye el funcionario, se proporcionó a la Comisión toda la información y material que se tenía disponible a cinco días de que sucedieran los hechos.
