Tina Rodríguez
No sorprende ya que a través de las redes se diga que se va el secretario de gobierno Juan Carlos Gómez Aranda.
Se habla de una política blanda ante tanto busca pleito que con toda impunidad aparente, cometen excesos en sus municipios, y hasta se involucra la mano de diputados actuales en estos penosos asuntos que no hablan muy bien de la tranquilidad en Chiapas.
Sin embrago es notorio que en comparación a otras entidades, el estado está en relativa calma; tal vez el estilo de secretario de gobierno, sea negociar sin tantos reflectores y establecer los acuerdos para bajar los ánimos.
¿Pero y los daños materiales? ¿la justicia para los lesionados?
Por ejemplo en el caso del magisterio que causó destrozos a unidades y perdidas en materiales y tiempo para la evaluación del domingo pasado ¿No habrá culpables?
Esa situación es la que pone a pensar que hay impunidad para unos y chicote y cárcel para otros, ante un magisterio o grupos indígenas que hacen lo que quieren, como el asunto grave del policía asesinado con una R15.
¿Quién fue el culpable de ese homicidio?
Competencia de la procuraduría de justicia, porque el homicidio se persigue de oficio, la cuestión entra también en la gobernabilidad y esa es competencia del secretario, del que es conocido es cercano al grupo Atlacomulco, y del que se hablan maravillas como funcionario público, pero en verdad ha dejado mucho que desear en materia de decisiones serias en torno a los que violan el estado de derecho.
La verdad queremos a los responsables de éstos desmanes, sean maestros o indígenas.
¿O hay temor de aplicar la ley?
Al Son que me toquen…
Ni negar que ha sido más que explotada la situación del caso Ayotzinapa por indistintos grupos y políticos. Incluso los gringos usaron el asunto para reducir o limitar su aportación en el acuerdo Mérida, que es a todas luces un intervención en asuntos internos del país, por parte de EU, aunque lo nieguen en la secretaría de relaciones exteriores.
No hay mexicano que no piense eso, desde que Calderón aceptó ese vergonzoso acuerdo.
El otro punto es que la beligerancia social surgida por la ejecución y desaparición de los 43 normalistas, incidió hasta en las elecciones pasadas; ha causado presión al gobierno mexicano que ha derivado decisiones imprecisas, que hasta costaron la caída del un procurador de la república.
Pero eso no limpió los errores, los agravó.
La verdad es que mientras los grupos y organizaciones sociales acompañaban a los padres de los desaparecidos, el gobierno federal los ignoró, cuando debió apoyarse en éstos para que avalaran lo que se hacía en materia de investigación.
Pero no, la suficiencia institucional de la que tanto peca el gobierno mexicano y se refleja en las entidades, se impone y descompone todo, para luego querer rectificar, y tan es así que el propio presidente recibió a los ya politizados padres, y hasta le hablaron con altanería e incredulidad a la primera magistratura del país.
Pero qué se puede hacer con gobiernos que no tienen intuición, sensibilidad social, tan así que hasta los errores los quieren resolver con política.
