Elio Henríquez:La Jornada/San Cristóbal de Las Casas, Chis. – El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), denunció “agresiones y amenazas que ponen en grave riesgo la vida, la integridad y la seguridad personal de integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), que “defienden la vida y el territorio en diversas regiones de Chiapas”.

Agregó que “los derechos colectivos de los pueblos indígenas —en particular la autonomía y la libre determinación— se encuentran bajo un hostigamiento constante que afecta de manera profunda su vida comunitaria, sus procesos organizativos y su economía”.

En un comunicado dado a conocer en conferencia de prensa, en la que también participaron representantes de los afectados, señaló que entre los miembros del CNI se encuentran 39 locatarias y locatarios del Mercado Tradicional Dr. Belisario Domínguez, ubicado en el municipio de Ocosingo; la comunidad de San Francisco, de Teopisca; cinco familias desplazadas del ejido Jotolá, de Chilón y de la comunidad de Agua Clara, de Salto de Agua.

Detalló que recientemente, integrantes de la Mesa Directiva de la Coalición de Locatarios del Mercado Tradicional Dr. Belisario Domínguez, “han perpetrado agresiones contra 39 locatarias y locatarios, integrantes del CNI. Entre los hechos documentados se encuentran despojo de locales, bloqueo de accesos, construcción de bardas para impedir el ingreso, retiro de mercancías y diversas formas de presión económica”.

Sostuvo que “a pesar de la gravedad de los hechos, las autoridades han mantenido una actuación omisa e ineficaz, al no garantizar medidas de protección, impedir la continuidad de las agresiones ni restituir el acceso a los espacios físicos de trabajo. Esta falta de respuesta propicia la impunidad, favorece la persistencia de las violaciones denunciadas y profundiza el despojo, colocando a las personas afectadas en una situación de mayor vulnerabilidad”.

Manifestó que la comunidad San Francisco “ha denunciado la amenaza de destrucción de su territorio bajo el discurso del ‘progreso’ impulsado por el gobierno estatal, que pretende construir la carretera Teopisca–San Cristóbal.

Este proyecto afectaría directamente a 14 comunidades, cuyas montañas resguardan sitios sagrados, manantiales, fauna y otros bienes naturales fundamentales para su identidad, su economía y su vida comunitaria”.

Sostuvo que “la construcción de este tramo carretero no cuenta con el consentimiento de las comunidades, ya que los tres niveles de gobierno no han llevado a cabo una consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, como lo establece el Convenio 169 de la OIT y el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, por lo que exigió “la suspensión inmediata de este proyecto y el pleno respeto a las decisiones de las comunidades; así como a su derecho a la libre determinación y a la defensa de su territorio”.

En el caso del ejido Jotolá, dijo que “se cumplen seis meses del desplazamiento forzado de cinco familias, expulsadas mediante un operativo en el que participaron el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Procuraduría Agraria, la Policía Estatal Preventiva y autoridades ejidales, quienes destruyeron cinco viviendas, detuvieron a dos personas y una mujer fue víctima de tortura”.

Expresó que “las familias continúan enfrentando un proceso de criminalización mediante una causa penal por el presunto delito de despojo agravado, mientras permanecen en situación de desplazamiento forzado y, por consiguiente, privadas de condiciones que les permitan ejercer plenamente sus derechos.

Las familias han reiterado en todo momento su disposición al diálogo, por lo que hacemos un llamado al Estado mexicano para que atienda esta situación de manera inmediata y honesta, generando las condiciones necesarias para alcanzar una solución pacífica, integral y respetuosa de los derechos de las personas afectadas”.

El organismo que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, añadió que integrantes del CNI de la comunidad de Agua Clara, de Salto de Agua, “han denunciado el incremento de amenazas y hostigamientos en su contra, relacionados con la disputa por la posesión de las tierras que habitan y trabajan desde hace más de diez años; han reportado agresiones dirigidas contra sus animales, los cuales forman parte de un patrón de violencia e intimidación”.

Afirmó que “actualmente, las familias enfrentan nuevas presiones vinculadas a la construcción de la autopista San Cristóbal–Palenque que busca desalojar a uno de sus integrantes para la construcción de una carretera saca cosechas, lo que evidencia un escenario de hostigamiento e intimidación que pone en riesgo la integridad de las familias y vulnera sus derechos a la tierra, al territorio y a la permanencia en su comunidad”.

Por lo anterior, el Frayba exigió al Estado mexicano “el cese inmediato de las amenazas, los hostigamientos y cualquier intento de desalojo contra las familias integrantes del CNI en Chiapas, así como el pleno respeto a su derecho a la autonomía y a la libre determinación, para que puedan decidir sus proyectos de vida y sus formas de desarrollo, de acuerdo con su cultura y cosmovisión”.

Reiteró que “el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos, abstenerse de toda acción que los vulnere y generar las condiciones necesarias para que estas comunidades vivan con dignidad, seguridad y paz en sus territorios”.