En la década reciente, el gobierno mexicano fue omiso ante el desplazamiento interno forzado por violencia que afecta hoy a cientos de miles de personas quienes se ven obligados a huir en su propio país. “Esto es una vergüenza”, advirtieron funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG).
En el salón Juárez de la SG los especialistas hicieron un balance del tema, con la participación de Alexandra Bilak, directora del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC), con sede en Ginebra, quien recomendó al Estado mexicano generar un fondo presupuestal para atender a los más vulnerables – especialmente niños y mujeres indígenas- y reparar el daño.
Andrés Ramírez, director de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), dijo que tras una visita a Chiapas, el miércoles, en compañía de Bilak, se pudo confirmar la “gran deuda histórica” que tiene el país con sus propios desplazados.
Por un lado, dijo, se creó la Comar en los años ochenta para atender a los desplazados guatemaltecos, pero no se ha generado una instancia para las propias víctimas mexicanas.
Es decir, México ha abordado el tema pero no ha atendido a sus propios desplazados sino a los extranjeros “lo cual está bien, pero es vergonzante que hasta el año 2019, con este nuevo gobierno, se ha dicho ‘ya basta’”, dijo.
Señaló que ayer visitaron un refugio de desplazados en Chenalhó y la realidad ahí es muy trágica y triste: “ver personas indígenas jóvenes en un nivel de pobreza extrema que pocas veces he visto yo, incluso en otros lugares del mundo como la propia Africa, en refugiados a nivel internacional”.
Esos niveles de pobreza, agregó, no pueden existir en un país con el Producto Interno Bruto que tiene México, 13 economía mundial. “Es realmente una vergüenza. Tenemos esa deuda y debemos tomarlo con toda seriedad”, subrayó.
Es por ello que se requiere generar una respuesta institucional, con bases sólidas y presupuesto suficiente, y no dar palos de ciego.
La SG prepara un proyecto de ley de desplazamiento interno, la cual se encuentra actualmente en análisis jurídico y se prevé más adelante hacer una consulta nacional y enviarlo al Congreso lo más pronto posible.
Rocío González, titular de la Unidad de Política Migratoria de la SG, hizo énfasis en la omisión del gobierno mexicano en los 10 años recientes, pese a haber recibido recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos en ese sentido.
“Lo que vimos ayer vuelve a remover la necesidad de ser congruentes con lo que hemos planeado pero también con lo que queremos transformar”, dijo.
Bilak reiteró que es un avance que el gobierno mexicano reconozca esta problemática; estudiar la dimensión del problema.
“La mayoría de las conversaciones que hemos tenido en las últimas 48 horas han sido sobre el desplazamiento interno debido a la violencia por grupos armados locales y actividades paramilitares, lo cual muestra una gran dimensión política.
“Algunas historias de esta violencia se refieren a la parte política y electoral, acerca de la ambición de grupos que buscan controlar territorio y recursos, por lo que esto tiene una dimensión política y poder que se tiene que tomar en cuenta para hallar una solución”, señaló Bilak, coordinadora de un equipo de expertos que da estimaciones mundiales y análisis sobre desplazamientos internos en todo el mundo.
Otro tema clave, destacó, son las comunidades indígenas afectadas por el desplazamiento interno; encontramos que muchos niños no van a la escuela desde hace tres años, porque ni siquiera pueden salir de los albergues, por miedo a ser agredidos. (La Jornada)

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