Editorial

No solo en Chiapas, sino también en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, la llamada gendarmería fue desplazada en miles de elementos –casi 18 mil- para resguardar las sedes de las evaluaciones magisteriales, y así completar parte delo que comprende la Reforma Educativa, aprobada por el congreso de la Unión en la legislatura pasada.
Este asunto no amerita mucha discusión desde el punto de vista técnico: es necesario evaluar la cuestión educativa en el país de manera constante.
Sin embargo, en medio de esa condición de ley, aparecen los manifestantes que siguen atentando en contra de los derechos de terceros, aun la presencia policial.
Se les hace tan fácil bloquear los accesos a una ciudad, destrizar inmuebles públicos, tapar carreteras y cuando aparece la autoridad para hacer valer la ley no otra cosa, acusan de represión.
¿Y la que ejercen sobre los ciudadanos?
Porque resulta una prepotencia de decenas de mentores rodeen a una unidad familiar cuyo conductor se niega a darles la cuota de paso a ellos.
La intolerancia a los que piensan diferente ha sido una constante en el magisterio disidente y esa no es precisamente una actitud democrática; es exactamente igual a al determinación que acusan de unilateral en el gobierno federal al aplicar dichas evaluaciones.