La historia incómoda que no quieren contar

. Carta de la periodista Lydia Cacho

Lydia Cacho/Cimacnoticias/Ciudad de México – La anatomía de la impunidad está siempre a la vista, lo que hace la diferencia para comprenderla es desde dónde se narra y quién trabaja para desviar la conversación hacia un lugar confuso que favorece al Sistema político que se retroalimenta de corrupción todos los días, gobierne quien gobierne el país. Aquí la explicación concisa de por qué el ex gobernador de Puebla, Mario Marín y el magnate Kamel Nacif Borge, quien compró niñas por 3 mil dólares (según constancia judicial y llamadas telefónicas entre ellos haciendo la compraventa), siguen prófugos, libres y sin ser detenidos por haberme torturado y encarcelado ilegalmente.

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La anatomía de la impunidad está siempre a la vista, lo que hace la

diferencia para comprenderla es desde dónde se narra y quién

trabaja para desviar la conversación hacia un lugar confuso que

favorece al Sistema político que se retroalimenta de corrupción

todos los días, gobierne quien gobierne el país. Aquí la explicación

concisa de por qué el ex gobernador de Puebla, Mario Marín y el

magnate Kamel Nacif Borge, quien compró niñas por 3 mil dólares

(según constancia judicial y llamadas telefónicas entre ellos

haciendo la compraventa), siguen prófugos, libres y sin ser

detenidos por haberme torturado y encarcelado ilegalmente.

En 2005 publiqué mi investigación Los Demonios del Edén: el

poder detrás de la pornografía infantil. El nombre y el libro siguen

vigentes porque todos los implicados, poderosos políticos y

empresarios, se han mantenido en el poder o cerca de él a pesar de

la evidencia judicial de su participación en una red de explotación

sexual comercial de niñas, lavado de dinero y pornografía infantil.

Publiqué todos sus nombres, desde Emilio Gamboa, hasta Kamel

Nacif. El único prisionero es el violador y vendedor de niñas Jean

Succar Kuri, sentenciado a 112 años y, hace un mes, sí durante la

4T, una red de corrupción al interior del Poder Judicial de la

Federación lo sacó del penal de alta seguridad de La Palma, para

llevarlo a la cárcel municipal de Cancún, donde ya pide preliberación

por edad y salud, a pesar de que el delito de trata de

niñas no admite ese privilegio.

Los responsables: jueces y magistradas del Poder Judicial Federal

coludidas con los de Puebla, Edomex y Quintana Roo. Se une a

ellos la omisión de la Suprema Corte de justicia y la inacción del

Consejo de la Judicatura que, como órgano disciplinario ya tiene

los informes y no actúa.

Desde diciembre 2005 debido a las amenazas de muerte y a la

acusación penal por difamación y calumnia en mi contra,

interpuesta por los tratantes de personas y orquestada por el Poder

Judicial de Puebla, bajo ordenes del entonces gobernador Mario

Marín y su financiador de campaña Kamel Nacif Borge, me vi

obligada a demostrar los crímenes y construir, con recursos

personales, mi propia defensa y la de las víctimas de entre 2 y 14

años. Junto a José Luis Santiago Vasconcelos, entonces Fiscal de la

Subprocuraduría de investigación de delincuencia organizada,

demostramos que mi libro efectivamente documenta una red formal

de delincuencia organizada, blanqueo de capitales, pornografía

infantil y trata de niñas y niños. La evidencia quedó en manos de

tres instancias de PGR (hoy FGR) SIEDO (hoy SEIDO), y

FEVIMTRA entonces encabezada por Sara Irene Herrerías. La

corte de California que tenía detenido a Succar Kuri, admitió 7

videos y fotografías de pornografía infantil en que se veía a los

pederastas violando niñas hasta de 4 a 13 años, consideró prueba

legal suficiente para arrestarlo y extraditarlo a fin de ser juzgado

por esos delitos en México. Esto sucedió durante todo el sexenio de

Felipe Calderón. Bajo amenazas de muerte y, evadiendo a personas

financiadas por esa red, para desacreditarme, di una batalla legal

durante seis años más, cuatro abogados se vendieron, llevé el caso

a la Suprema Corte; viví 5 años con escoltas y atentados a mi vida.

Dentro de PGR fueron rasurando el expediente. El gobernador

Marín mandó a robar una computadora con evidencia a las oficinas

de CNDH. De pronto el expediente de Delincuencia Organizada de

fue minimizando, llevándolo hacia abuso sexual de menores y

tortura en mi contra, eliminando el lavado de dinero y la trata de

niñas; no pudieron desaparecer toda la evidencia de la cuál tengo

copias porque la volví a llevar cuantas veces la requirieron. El

entonces Procurador General Eduardo Medina Mora me dijo en sus

oficinas que al líder Succar Kuri sí lo iban a juzgar, pero a Marín,

Nacif y Yunes no, porque “estaba complicado”. Demostré que la

complicación eran los pactos políticos y favores recibidos. Ello me

costó una amenaza de muerte, un atentado y mi salida temporal de

México.

Las y los responsables: Emilio Gamboa Patrón. Felipe Calderón

protegió a Miguel Ángel Yunes Linares; la ex fiscal Sara Irene

Herrerías y entonces procuradora de Províctimas no impulsó la

evidencia de trata de niñas. Olga Sánchez Cordero Ministra de la

Corte (que negó mi tortura en 2007 y que en 2019 tuvo que

reconocerla forzada por ONU Ginebra, que ratificó formalmente

los hechos). Magistrado Ricardo Velázquez Cruz operador de

Mario Marín para facilitar la corrupción de la jueza en mi contra y

defensor encubierto de Kamel Nacif. Todos los funcionarios de

esas instancias del sexenio de Enrique Peña Nieto, que congelaron

los expedientes y entorpecieron cualquier pesquisa que logré abrir

con mis abogados, mientras el caso se juzgaba ante el Consejo De

Derechos Humanos en Ginebra. Ya han pasado 13 años de batalla

contra la delincuencia organizada y el sistema político/judicial.

Este 22 de junio 2019, plena 4T, de nuevo nombrada Fiscal, Sara

Irene Herrerías publicó una carta de 4 folios en El Universal,

respondiendo a un artículo de la periodista Elisa Alanís, admitiendo

que “hay una red que protege a Mario Marín en Puebla y por ello

no pueden detenerlo desde el 14 de abril, día en que salió la orden

de aprehensión”. Lo que no dice es que dicha red está conformada

por un grupo de delincuencia organizada, vinculado con políticos y

jueces al interior de los gobiernos de Quintana Roo, Puebla y el

Gobierno Federal; que ella conoce toda la historia desde dentro y

sabe por qué no los detienen.

Más allá de mi, lo que me parece importante es que usted recuerde

que fui torturada por señalar con nombres y apellidos la existencia

de una red criminal que compra y vende niñas de diferentes países

para explotarles en México, que lava dinero y financia campañas de

gobernadores. A lo largo de 13 años han ido retirando delitos del

expediente, logrando de esa manera ceñir el caso a un juicio

individual por tortura en mi contra; así ocultaron la delincuencia

organizada de un cartel político empresarial dedicado a la

esclavitud sexual de chicas y al financiamiento de partidos

políticos. Próximamente liberarán al comandante José Montaño

Quiróz, policía poblano sentenciado por torturarme; él me advirtió

cuando me torturó: si me acusa y voy a la cárcel, la voy y a

descuartizar, aunque sea lo último que haga. Succar Kuri prometió

asesinarme también, lo hizo frente al juez cuando testifiqué en su

contra en el penal de La Palma. Las redes de esclavitud humana

funcionan así: vinculadas con un sistema político inamovible en el

que se anuncian pequeños logros y se ocultan grandes fracasos

prohijados por los poderes en turno.

Los logros más grandes que hemos tenido han sido que los medios

y las nuevas generaciones entiendan la trata de personas, discutan

sobre cómo abatir la pornografía infantil y su prevalencia; que se

reconozca que el Estado tortura para acallar la libertad de expresión

y la protección a víctimas de delitos, que las periodistas que

sobrevivimos somos la voz de las asesinadas. Que la OCDE

reconoció que México es el país con mayor abuso sexual infantil

del mundo, debido a su impunidad. Que se entienda que, sin

clientes y políticos que los protejan, no habría explotación sexual

comercial y pederastas libres.

También mantenerme viva ha sido un buen logro.

Mi hogar está en Quintana Roo, donde incrementan mensualmente

las desapariciones de mujeres y niñas. Ahora estará libre uno de

mis torturadores y probablemente, Succar Kuri. Escribo este texto

desde España, donde mis amistades me protegen por un tiempo

antes de volver a México, a seguir trabajando, a dar la batalla,

como millones de personas, para que la verdad no quede oculta

bajo respuestas oficiales que encubren el dolor real de un país sin estado de derecho donde la corrupción es ley y la ley rara vez se transforma en justicia.