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EDITORIAL

Zona gris

Tiene varios años que, dentro de la presente administración, eventos fuera de todo orden se suceden en algunos municipios indígenas en dónde grupos de dominio local actúan impunemente por sobre los demás ciudadanos, imponiendo normas y condiciones que atentan en contra de la libertad de tránsito y los derechos humanos, usando como pretexto que se rigen por usos y costumbres.
Sin bien este tipo de eventos se dan en otros estados de la república, lo cierto es que son más frecuentes en Chiapas, en dónde ajustician a ladrones o asesinan a un alcalde, bloquean carreteras o imponen cuotas de paso y hasta de movilidad a los lugareños, sin que se pueda aplicar el estado de derecho.
El temor es real, como la arbitrariedad que se ejerce, y desde luego la impunidad con que operan esos grupos como en el caso de Oxchuc, que hacen uso de una carretera estatal para lucrar, cobrando cuota de paso.
El pretexto es que el gobierno estatal no les cumple las peticiones, acostumbrados a que pedían y les daban lo que fuera en algo que ya terminó, o de plano no se los quieren dar, por lo que actúan de esta manera en perjuicio de quienes nada tienen que ver con sus diferencias con el gobierno.
El problema es dejar crecer el fenómeno, arbitrario como anárquico, que supone debilidad estatal para ejercer la ley.

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