Puigdemont no da marcha atrás; se suspenderá autonomía catalana

Madrid – A las diez de la mañana de ayer se acabó el plazo fijado por el gobierno español, del derechista Mariano Rajoy, para que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, respondiera con un “sí” o un “no” a la pregunta de si había declarado la independencia en la sesión parlamentaria del pasado 10 de octubre. Su respuesta fue ambigua, aunque incluyó una advertencia directa a Madrid: “Si persiste la represión y la falta de diálogo, el Parlament podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el 10-O”.
Esa frase desencadenó finalmente el mecanismo que había anunciado el Ejecutivo español para poner en marcha el artículo 155 de la Constitución, con el que se suspenderá en los próximos días la autonomía y se prevé la destitución de las principales autoridades catalanas.
Finalmente se impuso el diálogo de sordos. Y la crisis política abierta entre Cataluña y el Estado español se abordará desde el enfrentamiento institucional, en el que también aumenta la tensión entre los cuerpos policiales de ambas regiones: por un lado la Guardia Civil y la Policía Nacional que está destinada en Cataluña y que son fieles a las directrices del gobierno español, y por el otro los más de 16 mil policías que integran el cuerpo de los Mossos d’Esquadra, que en su mayoría son partidarios de las tesis de las autoridades catalanas y, por tanto, de una declaración de independencia unilateral.
Rajoy no canceló su gira europea, en la que prevé reunirse con los principales mandatarios de la comunidad y fortalecer aún más los vínculos y apoyos que se ha granjeado en los últimos días con relación al conflicto con Cataluña. Prácticamente todos los países -con la excepción de Bélgica- han expresado su apoyo al Estado español en una crisis que definen como “interna”, además de que las principales autoridades comunitarias han rechazado su mediación y han advertido a las autoridades catalanas que en caso de secesión quedarían fuera de la UE.
Después de su viaje, Rajoy se reunirá con su consejo de ministros el próximo sábado, en una sesión extraordinaria y en la que se dedicará en exclusiva a la estrategia a seguir en el conflicto catalán. Tal y como anunció ayer el vocero del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ese día se autorizará la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, que para ser aplicado deberá pasar antes por el Senado -donde el Partido Popular (PP) tiene mayoría absoluta- y será entonces cuando se decidirá de qué manera y hasta qué punto se suspende la autonomía, ya que estaríamos ante un escenario nuevo y ante el desarrollo de un artículo constitucional que nunca antes se había ejercido.
Desde Cataluña se mantuvo la estrategia de las últimas semanas. Puigdemont respondió al segundo requerimiento, pero en ningún caso contestó en los términos en los que le había reclamado el gobierno español. En su segunda misiva en una semana a Rajoy, Puigdemont le advierte que “la decisión de aplicar el artículo 155 corresponde al Gobierno del Estado, previa autorización del Senado”, con lo que replica a la lanzada en su anterior carta por Rajoy, en la que responsabilizaba exclusivamente al presidente catalán de la puesta en marcha de este precepto constitucional.
El mandatario catalán también lamentó la escalada de “represión” por parte de Madrid, sobre todo a raíz del encarcelamiento por orden de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, de los dos principales líderes independentistas de plataformas civiles, Jordi Sánchez y Jordi Cruixart, que dirigían la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.
En su texto, el dirigente catalán insiste en la apuesta por el diálogo y la negociación, aunque no hace nuevas ofertas o posibilidades sino que lamenta que “pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo”, la “única respuesta” del Gobierno sea “la suspensión de la autonomía”. Para el presidente, esta actitud “indica que no se es consciente del problema y que no se quiere hablar”.
Lamenta que “pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo”, la “única respuesta” del Gobierno sea “la suspensión de la autonomía”
En su carta, Puigdemont volvió a referirse al referendo de autodeterminación del pasado 1 de octubre, cuyos resultados dio por válidos y en los que se basa para una futura declaración de independencia. En aquella votación, que se desarrolló en el marco de una represión policial que dejo alrededor de 900 heridos, acudieron a las urnas algo más de dos millones 300 mil catalanes, que representa un 43 por ciento del censo. De ellos, un 90 por ciento votó a favor de la secesión.
Esta carta, en la que Puigdemont advierte que podría declarar la independencia en los próximos días, provocó una inmediata respuesta del Ejecutivo español, que lo primero que advirtió es que no había respondido a su requerimiento. Con lo que, después de cumplirse el segundo plazo fijado por el gobierno, se iniciaba el trámite para la puesta en marcha del artículo 155.
“Que nadie dude que el Gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar la legalidad y el orden constitucional y frenar el deterioro económico por la inestabilidad que los responsables de la Generalitat provocan en Catalunya”, afirmó el vocero del gobierno.
Mientras tanto, en Barcelona, las formaciones separatistas -Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partido Demócrata de Catalunya (PDCAT) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP)- mantuvieron una reunión con un único objetivo: establecer los plazos y las formas para declarar cuanto antes la independencia, alegando que no hay posibilidad de diálogo con el gobierno español. Además están coordinando esfuerzos para responder a la escalada de represión que ven como “inminente” por parte de Madrid.
Ese es un escenario que preocupa a los responsables económicos del gobierno español, entre ellos el ministro de Economía, Luis de Guindos, que para tranquilizar a los mercados anunció que el conflicto abierto con Cataluña no derivará en ningún caso en un “corralito” en la región, una vez que los dos principales bancos catalanes ya cambiaron su sede social a otro punto de España, CaixaBank y Banco Sabadell. En cualquier caso, el nerviosismo persiste en el empresariado. De hecho hoy mismo anunciaron su salida de Cataluña dos importantes empresas del sector alimentario e inmobiliario, Laboratorios Ordesa y Servihabitat. (Fuente/La Jornada)